Once organizaciones de Panamá enviaron una carta a Edison Lanza, relator especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle que se pronuncie ante las “acciones de hostigamiento judicial” a las que han estado sometidos medios y periodistas en el país en los últimos años, especialmente “en la coyuntura que presenta el secuestro de cuentas y activos de Corporación La Prensa, S.A., llevado a cabo el pasado 4 de julio de 2020″.
También enviaron una nota a Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, en la que le solicitan sea acogida la petición de medidas cautelares presentada por el abogado Félix Wing, el pasado 6 de julio de 2020, a favor de la población panameña y de la Corporación La Prensa, S.A (Corprensa).
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Las cartas, enviadas el 17 de julio, fueron confirmadas como recibidas por los destinatarios, informó la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo Panameño de Transparencia Interncional (TI).
Las organizaciones señalan al Relator que en los últimos años, en múltiples instancias “algunos operadores de justicia han fallado en tutelar el bien colectivo de la libertad de expresión frente a pretensiones individuales de demandantes, hechas bajo normativas permisivas, que pueden ser satisfechas sin interrumpir el servicio esencial de la libre prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información pública”.
Señalan que en el estado de excepción que se está viviendo en el país a causa de la pandemia de la Covid-19, el rol de la libre prensa y la libertad de expresión así como control social frente a un poder Ejecutivo, es esencial “la libertad de expresión y el servicio a la ciudadanía y a la democracia que presta la libre prensa -impresa, televisiva, radial, digital y nuevos medios-es invaluable.”
Igualmente señalan que La Prensa ha revelado esquemas de posible corrupción en las compras y contrataciones del Estado que han resultado en investigaciones de oficio iniciadas por el Ministerio Público, y que, “en tiempos de pandemia, cualquier medida que puede traer como consecuencia el cierre de un medio, afecta especialmente la gobernanza democrática: El cierre de medios, en cualquier momento, en especial el actual, que estamos en un estado de excepción por la crisis sanitaria, equivaldría no solo a una violación a la libertad de expresión como derecho humano, sino una verdadera afectación al sistema democrático de gobierno. Sin libertad de expresión no hay democracia”.
En la nota dirigida a Paulo Abrao las organizaciones solicitan a que acojan la petición de medidas cautelares, señalando que el caso “cumple con los requisitos establecidos” en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH de gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño.
Los firmantes de la carta señalan a la CIDH que, tal como lo indica la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el abogado Wing, en este caso se configura el presupuesto de “gravedad” ya que la medida cautelar de secuestro sobre los activos de Corprensa “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcionada” que “deja sin efecto a la libertad de expresión de La Prensa y cercena la posibilidad de que los habitantes de Panamá podamos seguir teniendo libre acceso a una fuente de información independiente”.
Las organización son Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional; Consejo Nacional de Periodismo; Fórum de Periodistas; Alianza Ciudadana Pro Justicia; Fundación Espacio Cívico; Fundación Democracia y Libertad; Movin; Movimiento Juntos Decidimos; ACTA Panamá; Fundación Iguales, y Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
El secuestro a Coprensa, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, fue ordenado por la juez Lina Castro De León el 22 de junio pasado, pero comunicado formalmente a la parte afectada el viernes 3 y sábado 4 de julio.
Corprensa presentó una fianza, expedida por Assa Compañía de Seguros, S.A., el lunes 6 de julio, por $1.13 millones, suma que corresponde al capital, costas y gastos de la medida de secuestro a favor d Ernesto Pérez Balladares, como parte de la demanda que el expresidente presentó, hace más de ocho años, por presunto daño moral. Pero Castro De León negó la solicitud para levantar el secuestro sobre las acciones y activos.
La acción de secuestro detuvo en el acto la capacidad de la corporación -que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario- para recibir y girar pagos.
