El mandato del presidente Laurentino Cortizo terminará el 30 de junio de 2024. Su gobierno dejará la deuda pública en más de 50 mil millones de dólares y aparentemente el Sistema de Beneficio Definido de la Caja de Seguro Social (CSS) entrará en insolvencia.
Si se sigue la tendencia, el último presupuesto general del Estado de su administración se aproximará a los 28 mil millones de dólares; toda esa cantidad no resolverá uno solo de los problemas más graves de los panameños.
Si se le da seguimiento regular al contenido de la Gaceta Oficial se revelan dos claras tendencias: son muy escasas las leyes y los decretos ejecutivos, y abundan los traspasos de tierra por parte de los municipios en todos los rincones del país. Poco a poco, los gobiernos distritales están entregando su patrimonio a diestra y siniestra.
Ese rastro de descapitalización del tesoro municipal se combina con un ciclo de concesiones, licencias y la carrera para aprobar estudios de impacto ambiental comprometedores.
El Chiriquí Viejo dejará de ser río para convertirse en una cantera para la extracción de piedra. Mil 400 hectáreas de bancos de arena en la parte marítima del Parque Nacional Portobelo serán extraídas. Casi 15 mil hectáreas de la cordillera santeña y sus ríos están en vías de convertirse en una mina de oro y plata a cielo abierto con cianuro y todo. Otra mina, la de Donoso, está a la espera de que su propuesta de contrato ley sea aprobada por la Asamblea Nacional. En Mariato, una extracción de arena, disimulada de otra cosa, amenaza los manglares, las tortugas y el trabajo de décadas de los pobladores que han hecho lo mejor para cuidar sus recursos. Y en Darién, mientras los camiones cargados de tucas se pasean por la Panamericana, avanza el proyecto de una nueva carretera que uniría Yaviza con Pinogana, incluyendo dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, para llevar “progreso” y sacar todo lo demás que todavía conserva la región fronteriza con Colombia.
Los negocios y negociados arriba mencionados tienen mucho en común, pero predomina la intención de enajenar bienes públicos a cambio de una bicoca o a veces a costo del propio Estado.
La Contraloría General de la República brilla por su ausencia, como también las demás instituciones de control. Ha desaparecido el sentido común de las propias autoridades que tramitan dichas propuestas; muchos funcionarios que saben de lo que se trata se escudan en un simple “son órdenes de arriba”. ¡Claro que son órdenes superiores! Pero cada servidor público que firma un contrato, una concesión, una licencia, un estudio de impacto ambiental o cualquier instrumento jurídico que permita la sustracción o pérdida de patrimonio estatal tendrá que enfrentar la responsabilidad legal por dichos actos. Lo que popularmente se llama “subir y bajar escaleras”. Si no se han dado cuenta, los titulares de las noticias y las notas periodísticas presentan con bastante frecuencia la mala fortuna judicial de exfuncionarios que solo cumplían órdenes o que disfrutaron de su propio Año de Hidalgo.
Panamá tiene demasiados desafíos. La enorme crisis ambiental conformada por la amenaza del cambio climático, la pérdida de bosques y ecosistemas y la creciente contaminación debieron llevar a la clase política de este país a un cambio drástico de su “chip”.
Los miembros de los diversos gobiernos de los últimos tiempos son lo que el científico panameño Rodrigo Tarté llamó “analfabetas ecológicos”: gente que no entiende lo que le está pasando al ambiente ni mucho menos la responsabilidad de los seres humanos sobre lo que le sucede a la naturaleza planetaria. Más que analfabetas ecológicos, son analfabetas éticos. Aunque está prohibido en los códigos penales, no se necesita una ley para saber que robar es malo. Al final, el largo Año de Hidalgo de la administración actual confirma una vez más que el hombre es la peor bestia sobre la Tierra.
