Cuatro abogados cubanos fueron contratados por el Gobierno, a través de la Embajada de Panamá en Cuba, para reforzar la defensa legal de los panameños detenidos en La Habana, quienes permanecen bajo custodia desde finales de febrero.
Como se recordará, las autoridades cubanas detuvieron a diez ciudadanos panameños en La Habana el 28 de febrero de 2026, acusados de realizar “propaganda contra el orden constitucional” mediante pintadas críticas contra el Gobierno. El Ministerio del Interior de Cuba alegó que los implicados, recluidos en Villa Marista, buscaban crear letreros subversivos y enfrentarían penas de hasta ocho años de prisión.
Los juristas asumieron la representación formal de los ciudadanos, con el mandato de participar en todas las fases del proceso, desde la instrucción hasta su eventual conclusión dentro del sistema penal cubano.
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— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 3, 2026
La misión
Según fuentes vinculadas al proceso, los abogados designados tienen la tarea de velar por los derechos de los detenidos y asegurar el cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la legislación cubana.
El 4 de marzo, el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, realizó su primera visita al grupo en el Centro de Detención para Delitos contra la Seguridad Nacional, conocido como Villa Marista, en La Habana. Durante el encuentro, el diplomático entregó productos de aseo personal y medicamentos, en un gesto orientado a atender necesidades básicas mientras avanzan las diligencias judiciales.
Posteriormente, el 25 de marzo, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, viajó a La Habana y sostuvo un encuentro directo con los diez ciudadanos detenidos. Tras la visita, el ministro aseguró haber constatado que las autoridades cubanas les han proporcionado un trato humanitario en medio del proceso que enfrentan.
En el marco de su agenda oficial, el canciller también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y con el presidente Miguel Díaz-Canel. De acuerdo con información oficial, las conversaciones se desarrollaron en un tono respetuoso y estuvieron centradas en la búsqueda de una salida que combine consideraciones humanitarias con el respeto al ordenamiento jurídico cubano.
Familiares podrían viajar
Como parte de las gestiones diplomáticas, Panamá solicitó al Gobierno cubano autorizar el viaje de familiares de los detenidos para que puedan visitarlos en la isla. La petición se enmarca en los esfuerzos por aliviar el impacto emocional de la detención y mantener el contacto entre los ciudadanos y sus allegados mientras se define su situación legal.
Entre los detenidos están José Luis Aguirre, Patrochiny Joseph, Omar Urriola, Víctor Manuel Cedeño Pinzón, Anthony Jules y Evelyn Castro, quienes permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
A este grupo se suman Cinthia del Carmen Camarena, Abigail Stephany Gudiño Castro, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Almendra Pérez. Todos continúan detenidos en medio de un caso que ha escalado a nivel diplomático, lo que ha motivado la intervención de la Cancillería panameña, la contratación de abogados locales y gestiones orientadas a garantizar el respeto de sus derechos y una salida que combine criterios legales con consideraciones humanitarias.
El 2 de marzo, el Ministerio del Interior de Cuba confirmó que los ciudadanos panameños fueron arrestados el sábado 28 de febrero en La Habana, acusados de realizar acciones de propaganda contra el orden constitucional.
Según el comunicado oficial de esa entidad, los implicados están siendo investigados por la presunta comisión de un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que sanciona este tipo de conductas.
