El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, presentado por Transparencia Internacional, no solo reveló que Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 —una calificación que confirma su estancamiento en el lodazal de la corrupción—, sino que además lo coloca en una zona de alto riesgo político e institucional: la peligrosa frontera que separa a las democracias imperfectas de los regímenes no democráticos.
Como se recordará, esta semana la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, informó que Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el más reciente índice, ubicándose en la posición 116 entre 182 países y territorios evaluados. El resultado no solo repite la misma calificación del año anterior, sino que consolida el peor registro histórico del país desde su ingreso a esta medición, en 2012.
No obstante, durante la presentación del documento se dio a conocer un dato igual o más alarmante. La directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Olga de Obaldía, advirtió que Panamá se encuentra en una “frontera peligrosa” en términos democráticos, a partir de las mediciones internacionales sobre calidad institucional.
La especialista se refirió al índice de democracia elaborado por The Economist. De Obaldía recordó que el IPC no se basa en encuestas de opinión ciudadana, sino en una metodología que agrega 13 fuentes internacionales de alta credibilidad, entre ellas el World Justice Project, el World Economic Forum y la unidad de inteligencia de The Economist. Panamá es evaluado con siete de esas fuentes, el mínimo requerido para entrar en la medición.
“En el índice de The Economist, que clasifica a los países en democracias plenas, democracias imperfectas y regímenes no democráticos, nosotros tenemos ya varios años, desde 2018, de estar en una frontera peligrosa, ubicados en el último puntaje dentro de las democracias imperfectas”, señaló De Obaldía.
A su juicio, esa ubicación refleja “los resquebrajamientos institucionales del país”, pese a que el sistema político aún permite elecciones competitivas y alternancia en el poder.
El problema
La directora de la fundación subrayó que el problema no está en la existencia del voto o en el cambio de autoridades, sino en el deterioro de otros pilares del Estado de derecho.
“Hemos logrado tener elecciones que permiten que la gente vaya a votar y que haya cambio en el ejercicio de la función pública; sin embargo, tenemos un grave deterioro en los controles entre los poderes del Estado, en la rendición de cuentas y en la justicia penal”, afirmó, al advertir que esas debilidades empujan al país hacia un escenario de mayor fragilidad democrática.
Para el analista político José Eugenio Stoute, el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción retrata a Panamá como un país atrapado en el estancamiento institucional. “Pero eso no es lo peor”, afirmó, al subrayar que la puntuación refleja una persistente incapacidad del sistema político para revertir prácticas que erosionan la confianza pública.
Stoute añadió que el propio informe lanza una alerta mayor sobre el rumbo del país. “Transparencia Internacional señala que la caída de un solo punto adicional situaría al país entre los regímenes no democráticos, lo que nos advierte de la gravísima crisis que atenaza al régimen político que padecemos”, sostuvo, antes de cuestionar el comportamiento de los partidos.
Según el analista, estas organizaciones “asisten al torneo electoral con el único fin de luchar por la repartición del pastel del presupuesto nacional, que en cinco años ronda los 200 mil millones de dólares”, una dinámica que, dijo, profundiza el deterioro institucional.
El contraste
El informe de Transparencia Internacional subraya que puntajes persistentemente bajos o en declive suelen estar asociados a democracias con controles y equilibrios frágiles y sistemas de justicia debilitados, así como a procesos políticos permeados por influencias indebidas y fallas en la protección del espacio cívico.
“Las puntuaciones del IPC persistentemente bajas o en declive suelen asociarse con controles y equilibrios democráticos limitados o en erosión, la politización de los sistemas de justicia, la influencia indebida sobre los procesos políticos y el fracaso para proteger el espacio cívico”, señala el análisis, que contrasta con las democracias plenas, donde los puntajes suelen ser más altos y la corrupción menos sistémica.
Ejemplos de países con estructuras políticas profundamente afectadas incluyen regímenes no democráticos o autoritarios donde la corrupción se manifiesta en todos los niveles, como Venezuela (10 puntos) y Azerbaiyán (30 puntos), que figuran entre los peor evaluados a nivel mundial.
En esa franja también aparecen la República Democrática del Congo (19 puntos), Tayikistán (17), Burundi (17), Turkmenistán (16), Afganistán (16), Haití (16) y Myanmar, todos señalados por la persistencia de sistemas políticos cerrados, justicia debilitada y escasos controles democráticos, un cóctel que, según los expertos, explica por qué estos Estados figuran de forma recurrente entre los peores evaluados del ranking internacional.
En el otro extremo del espectro, el de las democracias plenas, se sitúan países con instituciones sólidas y altos estándares de integridad pública, encabezados por Dinamarca (89 puntos) y Finlandia (88), seguidos por Singapur (84), Nueva Zelanda (81), Noruega (81), Suecia (80) y Suiza (80), un grupo que, según los analistas, combina controles efectivos, sistemas judiciales robustos y una cultura política que penaliza la corrupción.
Panamá se ubica hoy en una franja intermedia y frágil: la de las democracias imperfectas, con 33 puntos, como ya se ha señalado. Sin embargo, más que una posición de equilibrio, se trata de un terreno resbaladizo. El rumbo que tomará el país es incierto, pero los indicadores advierten que está peligrosamente cerca de cruzar una línea crítica y pasar a integrar el grupo de los regímenes no democráticos, un escenario que marcaría un retroceso profundo en materia institucional y democrática.
