El reloj del agua en Panamá no sólo avanza, sino que emite una alarma silenciosa que resuena en las proyecciones más recientes. En el Foro de Agua 2025 organizado por La Prensa, dos voces, la de la exministra Mirei Endara y la de Karima Lince, del Ministerio de Ambiente, se unieron para ofrecer una radiografía precisa de un país que se debate entre la abundancia y la fragilidad hídrica.
El encuentro se desarrolló en un salón de hotel abarrotado, donde académicos, técnicos, empresarios, ambientalistas, funcionarios y ciudadanos escucharon atentos cada intervención.
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Las presentaciones y argumentos desvelaron un desafío inminente: pasar de la gestión reactiva a una estrategia proactiva.
Endara, también cofundadora y presidenta de la organización no gubernamental Marea Verde Panamá, con su visión del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2050, delineó un camino claro para un recurso finito, mientras Lince apuntó a las grietas de la gobernanza actual, al explicar que la solución no se encuentra en una sola entidad, sino en la corresponsabilidad de toda la sociedad panameña.
El plan que delineó Endara, de acuerdo con su presentación, surgió como una respuesta a retos que enfrenta el país en torno al tema, como el fenómeno de El Niño y La Niña. La disponibilidad de agua dulce, según proyecciones, muestra una disminución del 74.2% en 2015 a un 58.8% para el 2050. A pesar de los altos niveles de cobertura nacional en agua potable y saneamiento, que alcanzan el 92.5% y 94.5% respectivamente, el plan reconoce las amenazas y desafíos existentes. La expansión del Canal de Panamá con las nuevas esclusas aumenta la necesidad de nuevas fuentes.
Cinco metas
Su plan se estructuró en cinco metas fundamentales, entre las que se incluyen el acceso universal al agua de calidad y saneamiento, la gestión preventiva de riesgos y la sostenibilidad hídrica. Para alcanzar estos objetivos, se plantearon proyectos estratégicos como los estudios para reservorios multipropósito, el fortalecimiento de un sistema nacional de información hídrica, la Ley 42 de Recursos Hídricos y la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas.
Por su parte, Karima Lince, directora Nacional de Seguridad Hídrica de Miambiente, abordó la gestión integrada de cuencas como el núcleo de la resiliencia nacional. Lince señaló que el Ministerio de Ambiente quiere una transformación profunda para pasar de una gestión fragmentada a una gobernanza territorial efectiva.
Sin embargo, la presentación identificó retos críticos como la deforestación en zonas de recarga, la ocupación desordenada de las riberas y una débil fiscalización ambiental. A pesar de la existencia de 44 comités de cuenca, se destaca su falta de fuerza técnica, política y social.
Tarea de todos
Lince enfatizó que la gestión de cuencas no es una tarea exclusiva del Estado, sino que requiere la corresponsabilidad de todos los actores, incluyendo gobiernos locales, el sector privado y la academia. En el ámbito técnico, contó que se ha desarrollado un Sistema Nacional de Información Hidrogeológica (SNIH) y mapas de recarga de acuíferos. Este enfoque quiere basar la planificación hídrica en evidencia científica y no en aproximaciones generales, sentando así las bases para una gestión más inteligente y colaborativa.
Una conclusión ineludible
Los datos proyectados dejan desnudan a un país que debe acelerar su capacidad de respuesta. Si hoy el 92.5% de la población cuenta con acceso al agua potable, para 2050 podría enfrentarse a un escenario de disponibilidad mucho más limitado, con apenas el 58.8%. El foro mostró que la ruta está trazada, con planes, leyes y comités, pero que el verdadero reto se mide en ejecución: pasar del papel a la acción.
