La concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company (PPC) se ha convertido en uno de los contratos más cuestionados del Estado panameño en los últimos años.
A lo largo de casi tres décadas, cambios contractuales, auditorías, renovaciones automáticas y señalamientos por presuntos incumplimientos han marcado la relación entre la empresa y el país, en un contexto que hoy incluye investigaciones, fallos judiciales y una posible venta de los activos portuarios.
Esta es la cronología de los hechos clave que explican cómo se llegó al escenario actual.
1997
El Estado panameño y PPC firman un contrato de concesión por 25 años para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. El mismo fue aprobado mediante la Ley 5 del 16 de enero de 1997, durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares.
El acuerdo otorgó a la empresa la operación de los puertos, a cambio de pagos anuales al Estado que incluían $22.2 millones fijos y el 10% de los ingresos brutos.
2002-2005
Durante la administración de Mireya Moscoso, una resolución ministerial firmada por el entonces ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, eliminó el pago del canon fijo. Según la Contraloría, esta modificación redujo de forma significativa los ingresos que el Estado debía recibir por la concesión.
2009
Una auditoría revela ganancias acumuladas por alrededor de $750 millones. Pese a que el Estado posee el 10% de las acciones, no recibe dividendos durante años. PPC argumenta que las utilidades fueron reinvertidas.
2015
Tras 18 años de operación, PPC realiza su primer pago de dividendos al Estado, por apenas un millón de dólares.
2017
El exdirector de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Pedro Meilán, presentó una denuncia de supuesto bien oculto contra PPC tras alegar que “entre enero y abril de 2009 se realizó una auditoría a Panamá Ports Company arrojando ganancias por $750 millones sin que el Estado hubiese recibido su porcentaje por las acciones que tiene en la empresa”.
Con base en esto, Meilán estimó como cuantía inicial del bien oculto, la suma de $72.5 millones, “el cual podrá aumentar una vez pueda determinarse los ingresos reales de la empresa luego de las pruebas periciales idóneas”.
8 de enero de 2021
PPC, a través de su apoderado legal Jared Heath Zerbe, solicita a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) la certificación de cumplimiento contractual para activar la prórroga automática del contrato por otros 25 años, hasta 2047.
Junio de 2021
La Contraloría General, bajo la gestión de Gerardo Solís, avala mediante una auditoría —declarada confidencial— que PPC cumplía con el contrato. Con base en ese informe, la junta directiva de la AMP aprueba la renovación automática, sin renegociación ni debate público.
23 de junio de 2021
La junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) aprobó la renovación automática del contrato por 25 años adicionales, hasta 2047. Según el contralor, esta decisión se basó en una auditoría que hablaba de “cumplimientos sustanciales”, término que —afirmó— significa solo cumplimiento parcial.
Diciembre de 2024
Aún siendo presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump dijo en una conferencia conservadora en Arizona que Panamá estaba cobrando a los barcos estadounidenses tarifas “ridículas y altamente injustas”por usar su canal.
Agregó, que no quería que el Canal de Panamá “cayera en las manos equivocadas” y citó específicamente a China, “con intereses significativos allí”.
Marzo de 2025
CK Hutchison anuncia conversaciones exclusivas con BlackRock y TIL para vender 43 puertos, entre ellos Balboa y Cristóbal, cerca del Canal de Panamá, por unos $23,000 millones.
El interés del fondo BlackRock en adquirir activos de Hutchison Ports, incluida PPC, queda entrampado por presiones de China para incluir a Cosco y por preocupaciones estratégicas expresadas desde Estados Unidos, elevando el caso a un plano geopolítico.
7 de abril de 2025
De acuerdo con el contralor general Anel Flores, en este periodo, el Estado solo percibió $483 millones, cuando pudo haber recibido $1,337 millones, lo que representó un perjuicio estimado de $853 millones.
Además, denunció presuntos incumplimientos contractuales y el uso de transacciones con empresas relacionadas. También cuestionó que la renovación no cumplió todos los procedimientos legales ni contó con refrendo.
A su vez, anunció la presentación de denuncias penales contra quienes permitieron la renovación de un contrato que calificó de “leonino”.
8 de abril de 2025
El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante su visita a Panamá, recalcó que su país no “permitirá que la China comunista ni otro país amenace el funcionamiento” del Canal, a la vez que señaló que “todavía” había empresas chinas “controlando” algunos puertos.
30 de julio de 2025
La Contraloría General, presenta dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el contrato de PPC, alegando que es un convenio “leonino” que no beneficia al país.
2 de agosto de 2025
La Corte Suprema de Justicia admite las demandas, abriendo un frente judicial que podría llevar a la nulidad del contrato.
29 de enero de 2026
Horas antes de que en Panamá se conociera siquiera que la Corte tendría un dictámen sobre la denuncia contra PPC, distintos medios estadounidenses dieron a conocer la noticia del fallo de inconstitucionalidad.
En horas de la noche, el máximo tribunal informó sobre la decisión del Pleno, confirmando así lo ya divulgado en Estados Unidos.
Tras el fallo
El presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció que garantizaría en empleo de los trabajadores portuarios y la continuidad operativa de los puertos mientras se prepara un nuevo proceso de licitación bajo condiciones distintas.
Por su parte, la Cámara Marítima de Panamá (CMP), manifestó que, si bien valoran positivamente el mensaje de transición ordenada del Ejecutivo, solicitan formalmente acceso a información técnica detallada sobre cómo se llevará a cabo el proceso de transición para garantizar la operatividad continua de los puertos y la protección del ecosistema logístico.
Además, el Sindicato Industrial de Trabajadores/as Portuarios y Similares de Panamá, gremio mayoritario en PPC, hizo un llamado urgente a garantizar la estabilidad y los derechos consignados en el convenio colectivo vigente.
Pero la decisión del fallo no solo quedó a nivel nacional. Una de las primeras reacciones internacionales surgió de Pekín.
En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun, señaló que su gobierno adoptaría “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas.
Del lado contrario, el secretario de Estado de Estados Unidos,Marco Rubio, celebró el fallo de la Corte. “Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá de declarar inconstitucionales las concesiones portuarias otorgadas a China”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en la red X.
The United States is encouraged by the recent Panamanian Supreme Court’s decision to rule port concessions to China unconstitutional.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) January 30, 2026
