A pesar de los avances que ha hecho el país para erradicar la trata de personas, aún “no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para eliminar” este flagelo.
Así lo revela un informe elaborado por la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, de 2022, documento que evalúa esfuerzos para combatir este fenómeno en 188 países, incluyendo a Panamá.
El documento señala que este país está haciendo “esfuerzos significativos” en la materia, pero se mantiene en el nivel dos: países cuyos gobiernos no están cumpliendo con los estándares mínimos, pero están trabajando para alcanzarlos.
Lo bueno y lo malo
Entre los avances que destaca el informe de Estados Unidos está la identificación de más víctimas y las condenas y penas a dos traficantes. Además, se destaca el respaldo al derecho de las víctimas a recibir restitución de sus tratantes, la revisión de los esfuerzos contra la trata y el apoyo con alimentos y artículos de higiene a víctimas de trata durante la pandemia.
Pero el país no cumplió algunos “estándares mínimos” en varias áreas clave. Se señala, por ejemplo, que las autoridades investigaron a menos tratantes y, a pesar de esfuerzos de monitoreo proactivo, las estadísticas del gobierno indicaron que la mayoría de las víctimas de trata reportaban ellas mismas su explotación.
Según el informe, el Gobierno tampoco enmendó la Ley 79 de 9 de noviembre de 2011, que castiga esta práctica, pues se queda corta en lo concerniente a los enjuiciamientos. Sobre este aspecto, el estudio plantea que el Gobierno disminuyó ligeramente sus esfuerzos en cuanto a los enjuiciamientos. Ejemplifica que el artículo 456 del Código Penal no penaliza todas las formas de trata sexual y laboral, ya que requería traslado (mover a una persona de un lugar a otro) para constituir un delito de trata. Añade que “el gobierno acusó a algunos tratantes sexuales de delitos no relacionados a la trata, los cuales conllevan una condena menor. El artículo 180 penaliza la explotación sexual comercial con sanciones de siete a nueve años de cárcel y una multa de $5,200. El Artículo 186 penalizó, con cinco a ocho años de cárcel, la adquisición de actos sexuales comerciales que involucren a un menor”.
Detalla que las autoridades iniciaron 10 investigaciones de trata (cinco por trata sexual, tres por trata laboral y dos por explotación no especificada) que involucraron a cuatro sospechosos, en comparación con 29 investigaciones de trata (21 por trata sexual y ocho por trata laboral) que involucraron a 16 sospechosos y que fueron iniciadas en 2020 y cinco investigaciones de trata (cuatro por trata sexual y una por trata laboral) que involucraron a 12 sospechosos en 2019.
Por ello, el informe de la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado plantea una lista larga de varias “recomendaciones prioritarias” a las autoridades. Sugiere, por ejemplo, retirar el requisito de traslado de la definición reglamentaria de trata de personas en el Código Penal y proactivamente identificar a víctimas, incluso entre panameños explotados dentro del país, migrantes, comunidades indígenas, trabajadores domésticos y otros grupos vulnerables. Igualmente, se debe investigar y enjuiciar y, según sea apropiado, condenar a los tratantes, incluyendo a aquellos involucrados en el turismo sexual infantil. De igual forma, enmendar la ley de trata para que incluya “fuerza”, “fraude” o “coerción” como elementos esenciales del delito, “más que como agravantes”.
Otra recomendación es sentenciar a los tratantes condenados con penas adecuadas conforme a la ley, las cuales deben incluir significativos períodos de encarcelamiento, al igual que informar a las víctimas extranjeras sobre sus derechos como víctimas de este delito, incluyendo el acceso al permiso de residencia provisional y servicios, entre otras.
Las gestiones oficiales
Panamá atiende este delito a través de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, una institución del Ministerio de Seguridad Pública.
Desde esa oficina, el Gobierno ha dicho que se sigue sumando a los esfuerzos globales para erradicar esta práctica, a través del desarrollo de estrategias y mecanismos para prevenir, reprimir y sancionarla, además de darle atención a las víctimas.
Un informe del Minseg respecto al eje de atención y protección a víctimas de trata señala que los días 21 y 22 de abril, el Servicio Nacional de Fronteras entregó ayuda humanitaria a cuatro familias ubicadas en el cordón fronterizo del distrito de Barú, provincia de Chiriquí, de los cuales cuatro niñas fueron identificadas como posibles víctimas de trata de personas por la Unidad de Identificación y Atención de Víctimas de Trata de Personas.
