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REFORMAS CONSTITUCIONALES

'Ningún panameño debe verse excluido de la Constitución'

En la Corte reposan demandas que buscan declarar inconstitucional el artículo 26 del 'Código de la Familia', que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; y el artículo 35 de la Ley 61 de 2015, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

'Ningún panameño debe verse excluido de la Constitución'
'Ningún panameño debe verse excluido de la Constitución'

El presidente Laurentino Nito Cortizo pidió a los diputados que midan sus palabras. La Asamblea Nacional solicitó disculpas. Fueron dos de las reacciones que surgieron un día después de que el diputado perredista Jairo Bolota Salazar impidiera la entrada a la Asamblea a ciudadanos que protestaron por las reformas constitucionales, entre ellos, miembros de la comunidad LGTBI. 

"Respeto la separación de poderes. Sin embargo, el respeto es de dos vías. Solicito a los diputados que midan sus palabras. La tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno no son negociables", aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

Después del mensaje del Presidente la República, el Legislativo mandó un comunicado en el que reprochó la acción.

"La Asamblea reprocha toda declaración discriminatoria en nuestro país, sin importar su procedencia, es por ello que pedimos disculpas por las declaraciones emitidas por un miembro de esta institución", se lee en la nota.

La manifestación frente al Palacio Justo Arosemena se prolongó hasta después de las 8 de la noche del pasado martes 29 de octubre.

Estudiantes, grupos pro derechos humanos, activistas de la comunidad gay, entre otros, se pusieron de acuerdo para rechazar controversiales modificaciones que se le hicieron a la Constitución a través de un proyecto de ley aprobado en tercer debate el pasado lunes 28 de octubre. Uno de esos cambios estipula que el Estado solo reconocerá "solamente" el matrimonio entre un hombre y una mujer. 

El tema ha levantado voces en contra, incluso fuera de Panamá.

Por ejemplo, el Movimiento Matrimonio Civil Igualitario, de Costa Rica, emitió un comunicado en el que advierten que la acción de la Asamblea Nacional es "indudablemente un retroceso en el reconocimiento de los derechos por igual para la ciudadanía panameña".

Recordaron que la opinión la consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-24/17), que permitió la aprobación de la figura del matrimonio igualitario en CostaRica es vinculante para países firmantes del Pacto de San José, por lo que la comunidad panameña puede recurrir a ella para hacer valer sus derechos.

Mientras que la Fundación Iguales, que promueve los derechos humanos, advirtió que la modificación al artículo 56 de la Constitución vulnera la dignidad humana de personas LGTBI, el respeto a su privacidad y a las distintas formas de familia. 

En la actualidad, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reposan demandas que buscan declarar inconstitucional el artículo 26 del Código de la Familia, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; y el artículo 35 de la Ley 61 de 2015, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Los recursos legales fueron interpuestos por la firma de abogados Morgan & Morgan, en representación de Enrique Raúl Jelenszky y Álvaro José López Levy. Las dos acciones legales fueron acumuladas en un solo expediente en junio de 2017, por tratarse del mismo tema. El ponente del caso es el magistrado Luis Ramón Fábrega.

Carlos Ernesto González Ramírez, el abogado que interpuso la demanda ante la Corte, también reaccionó sobre el cambio hecho al artículo 56. 

"Es muy triste ver que en Panamá hay personas que piensan que la dignidad humana y los derechos humanos son algo que puede pisotearse. Tratar de hacer eso por la vía constitucional es aún más lamentable y propio de pueblos atrasados, porque las constituciones son la carta fundamental de un país, por lo que ningún panameño debe verse excluido de la misma y tratado como un ciudadano de segunda. Que pensar que mediante el uso de la Constitución pueda violarse los derechos fundamentales de las personas, nos pone a todos los panameños en riesgo de perder nuestros derechos. Mañana deciden, como habían decidido, eliminar el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de tránsito o a la propiedad privada, pensando que pueden negarle a la persona humana sus derechos inherentes. Al final, todo es simple ignorancia y desconocimiento de dónde está Panamá inserto y obligado en materia de derechos humanos, de su vocación global y universal, del valor de la diversidad humana que existe en nuestro país, de que nuestra misma existencia depende de ser un estado de vanguardia en nuestra relación con el mundo. Pero lo que más me sorprende es la falta de humanidad de quienes dicen defender una religión que prioriza el amor al prójimo".

Pero, ¿qué dice Bolota Salazar un día después del incidente en la Asamblea? En una entrevista que dio a un programa de radio en Colón, aseguró: "mientras yo sea diputado, no voy a compartir el matrimonio igualitario". 


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