El Estado panameño pidió perdón de forma pública por la desaparición de Rita Irene Wald, una estudiante de 17 años que adversaba la dictadura militar y quien fue vista por última vez la tarde del 27 de marzo de 1977.
El evento, con carácter privado, se llevó a cabo a eso de las 10:00 a.m. de este martes 14 de marzo de 2017, en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República.
"Reconocemos [la] responsabilidad del Estado derivada del caso Rita Wald”, expresó el gobernante Juan Carlos Varela, frente a varios ministros y familiares de Wald.
Según lo publicado por la cuenta de Twitter de la Cancillería de la República, Varela dijo que su Gobierno tomará todas las medidas necesarias para cumplir los compromisos asumidos en este caso.
"Esto es un paso en el proceso de reconciliación nacional, para conocer la verdad de lo acontecido durante dictadura militar", expresó Varela.
Edwin Wald, hermano de la desaparecida, manifestó en el acto su satisfacción por el compromiso de Varela en cumplir con todos los puntos del acuerdo, iniciando con el acto de pedido de perdón público, se desprende de un comunicado emitido por la Presidencia.
Acto de perdón público y reconocimiento de responsabilidad por desaparición de Rita Wald, parte de acuerdo amistoso que avaló @CorteIDH pic.twitter.com/eqBeO6HKLj
Acto de perdón público y reconocimiento de responsabilidad por desaparición de Rita Wald, parte de acuerdo amistoso que avaló @CorteIDH pic.twitter.com/eqBeO6HKLj
— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 14, 2017
Hermano de Rita Wald se refiere a hoja de ruta trazada de la mano de Cancillería y avalada por @CorteIDH y agradece compromiso del Estado pic.twitter.com/LaMpl8eJSL
Hermano de Rita Wald se refiere a hoja de ruta trazada de la mano de Cancillería y avalada por @CorteIDH y agradece compromiso del Estado pic.twitter.com/LaMpl8eJSL
— Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) March 14, 2017
Rita Wald, joven chiricana, fue una de las 110 víctimas de la dictadura militar cuyas muertes o desapariciones fueron investigadas por la Comisión de la Verdad, la cual determinó que se dieron suficientes elementos para concluir que la desaparición fue un crimen con motivaciones políticas. Fue en el año 2011, es decir 34 años después de la desaparición, cuando el Estado panameño formalmente aceptó indemnizar a su familia.
