El pleno de la Asamblea Nacional rechazó citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, para que respondiera preguntas vinculadas a las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
La propuesta la presentó la diputada Alexandra Brenes, junto a un grupo de sus colegas de la bancada Vamos, pero al momento de la votación los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD), Molirena y Alianza se ausentaron del hemiciclo.
Todo ocurrió en la sesión del pasado martes. El tablero marcó 18 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El secretario general, Carlos Alvarado, declaró “inexistente” la votación por falta de quórum decisorio. En la práctica, la citación quedó bloqueada.
El sustento
Brenes sustentó la iniciativa con base en el artículo 161 de la Constitución y en los artículos 104, 105 y 215 del Reglamento Interno de la Asamblea. Informó que el Mides tiene bajo su paraguas a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y que alrededor de 580 niños y niñas permanecen bajo custodia en distintos albergues del país.
Recordó que después de inspecciones realizadas por la Comisión de la Mujer en varias provincias, y en el CAI de Tocumen, encontraron situaciones que calificó como “indignantes”. Mencionó denuncias de maltrato, encierros en cuartos de castigo y ausencia de planes de seguimiento para menores con discapacidad.
Por este caso, Brenes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes, sin embargo, el pasado martes la amplió con fotografía y videos producto de su recorrido por el CAI de Tocumen.
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El cuestionario
El cuestionario que había sido diseñado para interrogar a la titular del Mides incluye 42 preguntas sobre supervisión, protocolos disciplinarios, sanciones, personal técnico, cancelación de permisos y seguimiento a denuncias.
Entre los puntos centrales figuran: cuántas actas de supervisión se levantaron desde julio de 2024; cuántas irregularidades se detectaron y qué medidas se adoptaron; si existen protocolos que prohíban castigos físicos, psicológicos o aislamientos; cuántas denuncias por tratos crueles se recibieron y cuántas se remitieron al Ministerio Público; cuántos funcionarios han sido separados del cargo; y cuántos permisos de funcionamiento se han cancelado o están en trámite.
Brenes también planteó interrogantes sobre la cohabitación de menores con adultos, embarazos ocurridos bajo tutela estatal, inventarios de infraestructura y rutinas diarias dentro de los centros. “Ejercer nuestro rol constitucional es una obligación”, dijo al pedir el respaldo del pleno para citar a la ministra.
Camacho cabildeó los votos en contra
El diputado Luis Eduardo Camacho, de RM, cabildeó los votos en contra. Reconoció que Brenes acudió al Ministerio Público, pero dijo que la Asamblea debe esperar los resultados de la investigación penal. A su juicio, traer a la ministra “en medio de una situación que todavía no está del todo clara” podría prestarse para “pescar políticamente en ríos revueltos”.
Defendió a Ana Fábrega Guardia, directora de la Senniaf y afirmó que los adultos con discapacidad presentes en algunos albergues “se hicieron adultos dentro de esos albergues” y no ingresaron como adultos desde fuera.
Tras el intercambio, la mayoría de las bancadas tradicionales se ausentó del pleno para la votación. Sin los votos necesarios, la Asamblea cerró el paso a la citación.
Hasta el momento, la ministra Carles no se ha pronunciado sobre la propuesta de citación presentada en la Asamblea Nacional.
