Muchos piensan que la libertad de expresión y el derecho a la información aplican solo a los medios y por tanto no los defienden. ¿Por qué el tema debe importarle a la ciudadanía?
Ningún derecho humano se puede garantizar sin flujo de información. La libre expresión no es un privilegio de medios y periodistas, sino un engranaje de la vida democrática. Buena parte del trabajo periodístico trata de asuntos de interés público.
Políticos asedian a medios, comunicadores, activistas y formadores de opinión con demandas civiles y penales. ¿El problema es de los que quieren abusar o del sistema que los deja?
Todas las personas deben poder reclamar si piensan que hay un perjuicio. Ahora, es deber de los Estados advertir cuando el reclamo busca clausurar, obstaculizar o inhibir el debate público. El deber del Estado es garantizar el debate público.
Panamá no contempla el principio de la real malicia. El demandante no tiene que probar que hubo intención de hacer daño. ¿Por qué eso es peligroso?
El estándar de la real malicia puede estar en la ley, pero es, ante todo, un criterio de interpretación. El peligro de no tenerlo es que no haya un parámetro que ayude a distinguir entre periodismo y consciencia previa del daño.
¿Qué es un delito ambiguo y cómo se reconoce?
Por ejemplo, cuando hay casos judiciales contra una noticia de acciones cuestionables, pero se alega violencia de género. Los avances en representatividad política de la mujer deben ser resguardados por la democracia, pero la exposición pública de un político, sea mujer o no, también está sometida a las reglas democráticas.
¿Qué requisito debe cumplir todo límite a la libertad de expresión?
Estar consignado en una ley de manera clara, expresa y taxativa. Si no, o si es ambiguo, limita la libre expresión y no permite que quien se vaya a expresar tenga certeza de lo permitido y lo limitado.
¿Por qué despenalizar la calumnia y la injuria?
Porque usar el derecho penal, el mecanismo más drástico del Estado, como la solución a los límites a la libertad de expresión (central para la democracia), es un inhibidor muy grande que lleva a situaciones trágicas, injustas y desproporcionadas.
En Panamá hay secuestros por acciones contra el honor y las indemnizaciones se dictan antes de la sentencia final. ¿Cómo debe establecerse el secuestro?
Las sanciones civiles desproporcionadas pueden ser tan o más perjudiciales que las penales. Es preocupante que buena parte de los procesos civiles estén en suspenso permanente. Se toman decisiones que no resuelven la controversia, pero pesan sobre quien se expresa. Además, la mayoría de las controversias se resuelven con más información, no con apelar a medidas que dificulten su operación.
En Panamá imponen multas millonarias a periodistas. ¿Cuál debe ser el límite una condena civil?
El reto no es tanto el monto, sino que se impongan sanciones proporcionales al daño y considerando la importancia del periodismo. La mayoría de las controversias son de políticos enfadados por haber sido mencionados. Esa es una exposición que ellos aceptaron tolerar. Claro que les incomoda, pero ahí no hay daño. Por tanto, no debería existir sanción.
¿Qué hace si un medio publica una falsedad suya?
Pedir rectificación. Y si se negaran, publicaría mi versión de los hechos. Lamento que haya verdades que no se logran alcanzar en el debate público, pero se quieran alcanzar por vía judicial.
¿Cuál es el peligro de la frase: ‘libertad de expresión con límites’?
La libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero debe verse desde su importancia, no desde los límites. Debe limitarse solo si es necesario en una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática lo necesario es hablar de lo público.
Aumentar multas y reducir tiempos para el ya reglamentado derecho a réplica. ¿Por qué está mal?
Leer este derecho solo desde el aumento de multas es verlo desde una óptica coercitiva a quien se expresa. La réplica es dar lugar a una voz, no imponer un contenido.
¿Han recibido reclamos sobre faltas al derecho a réplica en Panamá?
No.
Favoritismo en asignación publicitaria. ¿Chantaje?
La publicidad oficial tiene un alto potencial de derivar en censura indirecta. El riesgo se mitiga con transparencia y criterios claros de asignación. Si no, la posibilidad de premiar el silencio y castigar la crítica es muy alta.
En temas que no son de seguridad nacional, funcionarios se niegan a cumplir con la Ley de Transparencia alegando la ley de protección de datos. ¿Qué justificación hay para no publicar información que por ley debe ser pública?
Controversias entre leyes hay todo el tiempo, pero en dilemas así el rol de los órganos garantes es clave. Mal se entiende que solo con invocar seguridad nacional ya se puede poner candado a la información. Se requiere que la autoridad argumente por qué reservar la información es más importante que entregarla. Hay una cultura de secretismo y se entiende que la información que tiene el Estado es un privilegio de quien la custodia, cuando es de toda la ciudadanía.
Funcionarios que deciden no responder a los medios que denuncian sus anomalías. ¿Deben hacerlo o no es su obligación?
La libertad de expresión incluye el derecho a mantenerse al margen, pero si es un político, pierde la sociedad que no puede conocer su versión. Una consecuencia directa es que se le pone un obstáculo al periodista para que alcance la verdad. Y quien lo pone tiene que tener claro que lo puso a la hora de reclamar al periodista.
En vez de rendir cuentas, los gobiernos atacan para que la población no crea lo publicado. ¿Hay sobre eso un retroceso en la región?
Gigantesco. Darle patadas a la prensa en vez de respuestas y asignarle etiquetas para que la percepción ciudadana sea negativa.
En estado de emergencia, el gobierno pospone la rendición de cuentas. ¿Qué peligro tiene eso para la libertad de prensa?
La pandemia ameritaba agilizar procesos, y eso era un voto de confianza adicional del ciudadano que solo podía compensarse con transparencia. No ocurrió.
¿Por qué una amenaza colectiva a medios debe alarmar a la ciudadanía?
Un enemigo frontal de la libre expresión es la aspiración de imponer un único relato. Y eso busca quien por su verdad amenaza a todos los medios. Es difícil que todos los medios falten a la verdad simultáneamente.
Anuncios pagados con fondos públicos para atacar medios. ¿Qué piensa?
La tendencia a la estigmatización de periodistas como fórmula para responder a la prensa nos lleva a escenarios vergonzosos como ese.
¿Qué pasa cuando políticos compran medios de comunicación?
Es clave que la sociedad sepa quiénes son los dueños de sus medios y que pueda entender los contenidos desde los intereses del dueño.
¿Qué opina de que un juez prohíba a un medio publicar la imagen de una persona cuestionada por corromper a ese mismo órgano del Estado?
Las prohibiciones en materia de libre expresión solo están previstas para discursos extremos como apología del genocidio, discursos de odio por razones étnicas, nacionales o religiosas que incitan a la violencia, y pornografía infantil. Lo que planteas está muy lejos de eso.
Restricción por 10 años de las actas de Gabinete. ¿Por qué es inadmisible?
Porque la ciudadanía debe poder hacer escrutinio.
Su lectura de las amenazas veladas a periodistas, como ‘en México por menos matan a periodistas’.
La violencia es una modalidad de censura enraizada en varios países. Frente a eso hay obligaciones muy claras de los Estados, pero se responde de forma tímida.
¿Qué pasa cuando los jueces no están capacitados para fallar en temas de libertad de expresión?
La última y tal vez la más importante línea de defensa de la libertad de expresión es el poder judicial. Este debe ser consciente de la importancia de la libre expresión, porque el impacto de sus decisiones es trascendental.
¿Qué dice de un país que los opositores y presidenciables callen ante las restricciones a la libertad de expresión?
Una democracia requiere de poderes ejecutivos respetuosos de la libertad de expresión y de parlamentos con profundas convicciones sobre el pluralismo y la deliberación pública. La calidad de la democracia se mide también por las garantías y respaldos a la posibilidad de ser crítico. Los silencios de quienes cuya función es ser críticos son muy costosos.
Todos los medios tienen una línea. ¿Cuándo eso los compromete?
Mientras la línea sea de conocimiento de la audiencia, esta puede discernir por cuenta propia. El problema es que la línea no siempre es de conocimiento público.
El peligro de las redes.
La sensación de que se está en un entorno muy plural, pero la realidad es que hay burbujas de pasiones y convicciones que terminan aislando unas ideas de otras.
¿Deben ser reguladas las redes sociales?
Hay un déficit. Pero el reto es atenderlo de forma armónica con la democracia y los derechos humanos.
Periodistas que opinan en redes sociales: ¿Sí o no?
Sí. Son voces de referencia de la sociedad. Pero la deformación y la manipulación no, sea periodista o no.
Periodistas con afiliación política. ¿Válido o afecta la imparcialidad?
No debe tener restricción más allá de un reproche social. Y eso sí, debe ser de conocimiento de la audiencia.
En Panamá los extranjeros no deben protestar por asuntos del país que los acogió. ¿Eso es justo?
Los migrantes salen de sus países por ausencia de garantía de sus derechos y llegan a los países que los acogen con la aspiración de que se les respeten. La libertad de expresión es uno de esos.
La Corte tiene archivadas desde 2016 cuatro advertencias de inconstitucionalidad contra la prohibición del matrimonio igualitario. Su lectura.
El matrimonio igualitario es una expresión de género y las expresiones de género están llamadas a ser protegidas sin discriminación.
En cuanto a libertad de expresión, lo que más le preocupa de Panamá.
Los suspensos prolongados en la resolución de procesos de alto interés público. Y que las potenciales sanciones pueden cambiar radicalmente las condiciones del periodismo. Y cuando digo cambiar no es para que haya más voceros, sino menos.
