La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) destinará $4 millones para el contrato con la empresa Scientific Games LLC, responsable de la Lotto y el Pega 3. La cifra representa $1 millón más que lo asignado a este concepto en 2025 ($3 millones).
Los números salieron a relucir en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia a la que acudió Saquina Jaramillo, directora de la entidad, para sustentar el presupuesto de 2026.
A los diputados Janine Prado y Carlos Saldaña, de la bancada independiente Vamos, les llamó la atención el rubro de “consultorías”. Fue entonces cuando Jaramillo explicó que se trataba de lo pactado con Scientific Games LLC.
Polémico contrato
De inmediato surgieron cuestionamientos sobre la situación contractual entre esta empresa y la LNB. Según explicaron Jaramillo y Luis Abrego, director de Finanzas, todo comenzó en 2013, cuando la Lotería adjudicó un contrato a Panama Lottery Technology Services, consorcio integrado por Scientific Games International Inc. y Panama Scientific Gaming, S.A.. En aquel momento gobernaba Ricardo Martinelli.
Desde entonces se han firmado cinco adendas. La última se concretó en 2023, durante la administración de Laurentino Cortizo, y se extiende hasta 2033. Con esa adenda se incorporaron la Lotto y el Pega 3.
Jaramillo también recordó que a Scientific Games se le paga una comisión del 15%, de la cual el 13% corresponde a la venta bruta, mientras que el 2% restante debe invertirse en publicidad de los productos.
“Se ganaron El Gordito”, exclamó de manera irónica la diputada Prado, en alusión a la millonaria comisión que recibe Scientific Games.
Mulino pone el dedo en la herida
La Lotto y el Pega 3 están en la mira pública desde que el presidente José Raúl Mulino, pocos días después de asumir el cargo, ordenó a la directora de la LNB ponerles fin.
“Lo único que hacen es mermar la eficiencia de nuestra lotería, beneficiando a algunos que lucran con las loterías electrónicas, las cuales este año (2024) generaron una venta bruta semanal de 900 mil dólares”, agregó.
En ese momento, el mandatario detalló que la LNB reportaba una devolución del 27%, seis puntos porcentuales menos que el mes anterior, y lo calificó como un valor alto. Recordó además que existen 13,500 billeteros en el país, quienes generan comisiones equivalentes al 10% de sus ventas.
El tema no murió allí. La directora de la LNB no pudo cumplir el mandato del presidente, pues la adenda al contrato había sido demandada en la Corte Suprema de Justicia para que sea declarada ilegal. Una fue presentada por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee y otra por el abogado Pedro Meilán.
Argumentaron que no solo se extendió el contrato, sino que también se modificó su objeto. Alegaron que se debió llevar a cabo una nueva licitación. El entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, opinó en esa línea.
“Consideramos que dicho acto se emitió infringiendo las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas, así como los principios generales de la contratación pública, entre estos, transparencia, mayor beneficio económico para el Estado y el procedimiento de selección de contratistas”.
El caso está en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, despacho que, aunque admitió la demanda, no ordenó la suspensión del contrato.
Por esta razón, la directora de la LNB afirmó en la Comisión de Presupuesto que deben seguir cumpliendo con el pacto.
