El presidente José Raúl Mulino salió al paso este 18 de junio de los cuestionamientos por los presuntos conflictos de intereses atribuidos a dos miembros de su gabinete: José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas (MOP), y Fernando Boyd, ministro de Salud.
Durante su conferencia semanal, el mandatario afirmó que existen instancias competentes para investigar cualquier señalamiento, pero evitó adelantar conclusiones sobre la conducta de ambos funcionarios.
En el caso del ministro de Obras Públicas, los cuestionamientos se centran en su participación previa como contratista en un proyecto vial hacia Santa Catalina, en Veraguas, que posteriormente quedó bajo la supervisión de la entidad que hoy dirige. Mientras tanto, Boyd enfrenta señalamientos por contrataciones adjudicadas a una empresa con la que mantuvo vínculos societarios antes de asumir el cargo.
“Los dos ministros han dado sus explicaciones. Yo debo confiar en lo que ellos están diciendo. Hay instancias de investigación que se deben cumplir”, sostuvo Mulino al ser consultado sobre las denuncias.
🏛️ El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, menciona que confía en las explicaciones dadas por los ministros señalados por posibles conflictos de interés y señaló que cualquier decisión se basará en investigaciones formales.
— La Prensa Panamá (@prensacom) June 18, 2026
Además, indicó que no tiene objeciones a una… pic.twitter.com/e2PUp69PwC
La defensa de Mulino
El gobernante recalcó que no le corresponde emitir juicios anticipados sobre si los funcionarios actuaron correctamente o incurrieron en alguna irregularidad mientras no concluyan los procesos de verificación correspondientes.
El mandatario defendió, además, el derecho de quienes integran su administración a haber desarrollado actividades profesionales y empresariales antes de asumir cargos públicos. “Todos tuvimos un pasado antes de llegar a ser funcionarios públicos, salvo los vagos de profesión que nunca han trabajado en la vida y andan hablando por ahí. Los demás hemos trabajado toda una vida”, expresó.
Añadió que es normal que un funcionario haya ejercido previamente como empresario, abogado o profesional en distintos sectores antes de ingresar al servicio público.
No obstante, Mulino marcó distancia respecto de cualquier eventual irregularidad relacionada con contrataciones estatales. “Yo no tengo protección política para nadie aquí y, obviamente, menos en relación con conflictos de intereses reales, no inventados”, afirmó.
El presidente precisó que una situación distinta sería que un funcionario estuviera utilizando su cargo para mantener negocios activos con empresas propias o participando en contrataciones estatales en beneficio particular, algo que, según dijo, no ha sido demostrado en estos casos.
Además, rechazó las presiones para remover a funcionarios únicamente por cuestionamientos mediáticos o editoriales de prensa. “No voy a entregar las cabezas de nadie porque los editoriales así lo pidan. Quítense esa idea de la cabeza”, declaró.
A su vez, aseguró que realizará cambios en su equipo de gobierno cuando considere que son necesarios y no por exigencias externas. “Yo haré cambios cuando tenga que hacer cambios y lo anunciaré como corresponda, pero no será forzadamente, porque tampoco eso resuelve ningún problema, a la postre”, concluyó.
Los casos de Andrade y Boyd han generado solicitudes de investigación y han reavivado el debate sobre los mecanismos de prevención y control de los conflictos de intereses en la administración pública.
Antai se pronuncia
Sobre este tema, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) aclaró que, aunque es la entidad rectora en materia de transparencia y conflictos de intereses según la Ley 316 de 2022, no tiene competencia para investigar ni sancionar directamente a los ministros de Estado.
De acuerdo con el Código Judicial, cualquier investigación sobre presuntas faltas o delitos cometidos por estos altos funcionarios corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, mediante los procedimientos especiales establecidos por la ley.
No obstante, la entidad informó que mantiene un seguimiento administrativo sobre las obligaciones de transparencia de los ministros y destacó que todos han presentado sus declaraciones juradas de intereses particulares, tanto al inicio de sus funciones como en las actualizaciones anuales requeridas.
Además recordó además que los funcionarios deben abstenerse de intervenir en asuntos donde exista conflicto entre intereses privados y públicos, y reafirmó su compromiso con la prevención de conflictos de intereses y el fortalecimiento de la integridad en la gestión pública.
