Pese al rechazo expresado por residentes del corregimiento de Los Canelos, autoridades locales y miembros de la comunidad educativa de la zona, el proceso de licitación para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, que se levantará en el distrito de Santa María, provincia de Herrera, continúa avanzando.
Un total de 18 empresas manifestaron su interés en el proyecto y participaron en la reunión de homologación convocada como parte del proceso de contratación pública, una etapa en la que los potenciales proponentes tuvieron la oportunidad de formular observaciones y solicitar aclaraciones sobre el pliego de cargos antes de la presentación de las ofertas.
Durante la reunión de homologación, una de las principales solicitudes de las empresas interesadas fue ampliar en 90 días el plazo para la presentación de propuestas, al considerar que el tiempo disponible resulta insuficiente para preparar una oferta con la complejidad técnica y financiera que exige el proyecto.
De mantenerse el cronograma vigente, las propuestas deberán presentarse el próximo 23 de julio. Por ello, los participantes pidieron revisar el calendario del proceso con el fin de garantizar una mayor concurrencia y la elaboración de ofertas con el nivel de detalle requerido.
Los detalles
Las características del terreno también han sido objeto de cuestionamientos. Según versiones transmitidas por miembros de la Asociación Nacional de Egresados del Instituto Nacional de Agricultura (INA), alrededor de 35 de las 45 hectáreas destinadas al proyecto presentan condiciones de inundabilidad, una situación que podría representar un importante desafío técnico y elevar los costos de una obra cuyo precio de referencia asciende a 177 millones de dólares.
Por su dimensión, el complejo penitenciario se convertiría en uno de los cuatro centros penales más grandes del país y permitiría redistribuir parte de la sobrepoblación existente en los centros penitenciarios La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron recientemente 195 privados de libertad, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual.
El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de contar con instalaciones para aproximadamente 450 custodios.
De acuerdo con el pliego de cargos, el complejo incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria. Las personas privadas de libertad clasificadas en los niveles de mínima y mediana seguridad serán alojadas en dormitorios colectivos con capacidad para seis internos, mientras que quienes sean catalogados como de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control.
Falta de información
Consultado sobre el proyecto, el alcalde del distrito de Santa María, Iván De León, manifestó su inconformidad por la forma en que el Gobierno ha impulsado la iniciativa, al señalar que las autoridades municipales no han sido tomadas en cuenta durante el proceso.
El jefe del gobierno local explicó que presentó una solicitud formal al Ministerio de Gobierno para conocer los detalles de la obra; sin embargo, aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Según De León, la falta de información oficial ha impedido que el municipio y la comunidad participen de manera oportuna en la discusión de un proyecto que tendrá un impacto directo en la región.
