Un grupo de ciudadanos exhortó tanto al oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) como al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, que se le aplique el correspondiente Código de Ética a la diputada perredista Zulay Rodríguez.
A través de un comunicado, recordaron que el principio número 5 de dicho código establecido por el PRD hace referencia a: “Tolerancia y respeto frente a opiniones diferentes”. En tanto que en artículo 18 de dicho documento vigente para el Legislativo dice lo siguiente: “Respeto: durante el ejercicio de la función pública, el servidor público deberá cumplir con sus funciones, respetando la integridad física, moral y la dignidad de sus compañeros de trabajo, usuarios y público en general”.
El comunicado lleva la firma de: Annette Planells de Flores; Flor Mizrachi; Horacio Icaza; Jorge Luis Quijano; María Gabriela Gnazzo; Mariela Ledezma; Mauricio Valenzuela; I. Roberto Eisenmann, Rolando Rodríguez B.
Todos ellos expresaron también que no van a responder de manera individual “ninguna más de las injurias” de la diputada perredista.
Por el contrario, los firmantes exigieron a la diputada hacer sus denuncias contra funcionarios, periodistas y ciudadanos “fuera del pleno y sin la inmunidad que le concede la ley, para que enfrente las consecuencias legales que tenemos que enfrentar el resto de los ciudadanos cuando hacemos una afirmación pública”.
De igual forma, manifestaron su rechazo sobre el uso que le da Rodríguez al tiempo de periodo de incidencias, pagado con dinero de todos los panameños, “para desprestigiar a quienes, en ejercicio de nuestro derecho a la libre expresión, le exigimos la obligatoria rendición de cuentas que le debe al país como funcionaria de un órgano del Estado. Eso incluye a nuestros familiares”.
De igual forma, invitaron a los demás diputados a que se sumen para ponerle un alto al “mal uso” del periodo de incidencias de la Asamblea.
Finalmente, hicieron un llamado a los ciudadanos para que “no se dejen amedrentar” ni cejen en su derecho constitucional de exigir la obligatoria rendición de cuentas a los políticos.
