Diferentes voces se han alzado para solicitar la suspensión de la póliza colectiva privada que paga el Órgano Judicial (OJ) a su personal, que representa un desembolso de $15 millones.
Para la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Olga de Obaldía, es “un sinsentido” que los entes del Estado no confíen en la salud pública y, en cambio, paguen seguros de vida, salud, accidentes y lesiones personales a empresas privados, con fondos públicos, como informó La Prensa el pasado 25 de agosto.
“A estos funcionarios, ¿el sistema del Seguro Social les sirve para pagar sus jubilaciones, pero no para la atención médica porque no está a su altura? ¿Cuál es la lógica de este doble pago desde el Estado?”, cuestionó De Obaldía.
Agregó que si el OJ considera que la atención médica pública no es adecuada, los recursos deberían destinarse a mejorarla y no a contratar una póliza privada.
Por su parte, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, sostuvo que el OJ está al día con el pago de las cuotas patronales, por lo que indicó que no le corresponde opinar sobre el tema.
Diputados independientes han exigido la inmediata suspensión de la póliza colectiva que el OJ contrató con la empresa Assa (el cual está pendiente del refrendo de la Contraloría General de la República), resaltando que esos recursos deben ser redirigidos al sistema de salud, que atraviesa una grave crisis.
Los diputados pidieron a la Contraloría General y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que detengan la ejecución de este contrato.
En el periodo de incidencias en la Asamblea Nacional (AN), los diputados argumentaron que mientras el país “sufre por la falta de atención médica adecuada” en los hospitales públicos, es “inadmisible” que se utilicen fondos del Estado para cubrir seguros privados para el OJ.
La póliza contratada a Assa brinda cobertura por tres años: del 12 de mayo de 2025 al 11 de mayo de 2028.
El seguro privado cubrirá a 6,988 personas, de las cuales 330 superan los 62 años de edad. La póliza anterior había sido adjudicada inicialmente en $7.5 millones, pero con adendas terminó superando los $11 millones. También el proveedor fue Assa.
El diputado Betserai Richards (del circuito 8-6) criticó duramente la contratación, la que consideró un “privilegio”. Opinó que en un país en el que los ciudadanos luchan por acceder a atención médica básica, “el sistema judicial debe dar el ejemplo y optar por los servicios públicos como cualquier otro ciudadano”.
Según Richards, esta decisión “manda un mensaje negativo” y por ello instó al MEF y a la Contraloría a intervenir. “No podemos ser cómplices del mal uso de los recursos del Estado”, remarcó.
Piden priorizar fondos
El diputado Luis Duke (del circuito 8-2) solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea que no apruebe partidas para seguros privados que estén incluidos en el presupuesto estatal. “El pueblo panameño debe ser respetado”, añadió.
Para Duke, resulta “inaceptable” el desvío de estos fondos cuando el sistema de salud pública enfrenta una grave crisis. “Si no hay dinero para mejorar el sistema de salud, entonces no le estén dando ningún tipo de pago de nuestra plata a otros funcionarios”, expresó.
Esta postura fue respaldada por los también independientes Jhonathan Vega (circuito 4-5) y Eduardo Gaitán (circuito 8-2), quienes coincidieron en que si hay dinero para financiar el seguro privado, también debe haberlo para atender las necesidades de los jubilados y otros sectores vulnerables.
“No puede ser que el pueblo pase necesidades, mientras que funcionarios con poder se beneficien a sí mismos”, manifestó Vega.
La Prensa intentó obtener una reacción del contralor Anel Flores, pero no respondió a los mensajes.
