La Fiscalía General de Cuentas solicitó esta tarde auditorías especiales a la Contraloría General de la República por el caso de la compra del equipo de escuchas telefónicas realizada durante la presidencia de Ricardo Martinelli.
"El aspecto legal de la petición se fundamenta en el artículo 26 de la Ley 67 de 2008, el cual señala que se solicitará a la Contraloría General de la República, cuando tenga conocimiento por cualquier medio de la comisión de un hecho irregular que afecte el patrimonio del Estado, debe realizar el examen correspondiente con el fin de determinar la corrección o incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos", explica una nota enviada por el despacho del fiscal Guido Rodríguez.
Para que la Fiscalía General de Cuentas inicie una investigación de carácter patrimonial, es necesario que la Contraloría General determine los reparos por supuestas irregularidades cometidas a los fondos y bienes públicos.
La pinchadora telefónica con la que presuntamente se espiaron a rivales políticos durante el gobierno de Martinelli y que en la actualidad se encuentra desaparecida fue adquirida a través del contrato No. 45 de 2010 de la junta directiva del Fondo de Inversión Social (FIS) –ahora Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El documento, refrendado el 23 de julio de 2010 por la Contraloría General de la República, detalla que el aparato tenía capacidad para operar en tres áreas: vigilancia informática, sistema de posicionamiento e infiltración a redes telefónicas, y captación e interpretación de voz.
En el contrato, la empresa israelí M.L.M. Protection se comprometió al suministro, instalación, entrenamiento y mantenimiento de estos sistemas de espionaje, cuyo alcance incluía infiltración en la central de datos de las redes telefónicas, análisis sicológico de los tonos de voz y un módulo de infección al programa Microsoft Word, entre varios otros componentes.
En la primera parte del contrato, M.L.M. Protection se compromete a instalar, entrenar y mantener un equipo de vigilancia de computadoras personales con el objetivo de recolectar información de manera rutinaria, a mantener la operación encubierta, y a evitar el contacto físico con el objetivo.
“Estos agentes recibirán los comandos del operador para adquirir los datos requeridos del objetivo, utilizando los módulos de adquisición suministrado tales como consulta de archivos, captura de audio, registrador de teclado y muchos más”, asegura el documento, que estipula que la infraestructura estaría instalada en dos servidores.
El contrato incluía adiestramiento para grabación de comunicaciones de Skype y de micrófono, y un módulo de infección del programa Microsoft Word. Para ello se pagó $3 millones.