Aunque la Asamblea Nacional concentra la atención por la cantidad de asesores y los elevados salarios que perciben algunos de ellos, el Órgano Ejecutivo mantiene una estructura similar que representa un importante costo para las finanzas públicas.
Según organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el debate no solo gira en torno a cuántos asesores hay y cuánto cuestan, sino también a la transparencia de los criterios utilizados para su designación y a si sus funciones están debidamente justificadas.
Los reportes de planilla de la Contraloría General de la República -actualizado al 3 de agosto pasado- dan cuenta de que los 15 ministerios destinaban en conjunto $7.8 millones al año al pago de los salarios de 180 asesores. Mientras algunos ministerios cuentan con más de 20 asesores, otros registran apenas uno o dos.
Los casos
El Ministerio de la Presidencia encabeza la lista, con 27 asesores y un costo anual de $1.2 millones. Le siguen el Ministerio de Economía y Finanzas, con 21 asesores y $1.1 millones al año, y el Ministerio de Gobierno, con 24 asesores y $1.0 millón. En conjunto, estas tres instituciones destinan aproximadamente $3.46 millones anuales al pago de sus asesores.
Hay que hacer la salvedad de que el gasto en asesores puede ser mayor al que refleja la planilla, ya que algunos ministerios también recurren a contrataciones por servicios profesionales que quedan fuera de ese registro.
Es el caso del Ministerio de Gobierno, que contrató bajo esta modalidad al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez, condenado por el caso de los pinchazos telefónicos. Este tipo de contrataciones dificulta conocer con precisión cuánto destina el Estado a asesorías y qué criterios utiliza para justificar estos servicios.
También llama la atención cómo ha aumentado a lo largo de los años el monto destinado al pago de asesores. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de la Presidencia destinaba alrededor de $900 mil anuales a este tipo de funcionarios, una cifra que hoy supera en aproximadamente $300 mil. En el caso del Ministerio de Gobierno, el gasto en asesores rondaba los $800 mil anuales en 2010.
Otras entidades
En la actualidad, el Ministerio de Educación ocupa el cuarto lugar, con 18 asesores y un gasto anual de $772,116. Después aparece el Ministerio de Seguridad Pública, que cuenta con 20 asesores y destina $664,656 al año. El Ministerio de Ambiente registra 12 asesores, con un costo anual de $522,000, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene 10 asesores y una planilla anual de $507,000.
Entre los ministerios con un gasto intermedio están Salud, con 11 asesores y $459,504 anuales; Cultura, con 11 y $380,700; Comercio e Industrias, con seis y $251,484; y Trabajo y Desarrollo Laboral, con ocho y $230,400.
La cifra corresponde exclusivamente a las remuneraciones y, por tanto, representa solo una parte del costo que implica mantener esta estructura de asesores. El cálculo no incluye otros gastos asociados, como el pago del décimo tercer mes, viáticos, gastos de movilización u otros beneficios que puedan recibir estos funcionarios.
A esto se suma otro elemento que llama la atención: varias de estas entidades ya cuentan con departamentos y oficinas especializadas en áreas como asesoría legal, recursos humanos, planificación y administración. Sin embargo, en muchos casos no queda claramente especificado cuál es la función adicional que desempeñan estos asesores ni qué tareas justifican su contratación.
La Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional se ha consolidado como la entidad del aparato estatal con mayor número de asesores, un crecimiento que llama la atención por su magnitud. El presupuesto destinado a este rubro pasó de $1.9 millones en 2010 a $14.4 millones en 2026, un aumento que refleja la expansión de esta figura en los últimos 16 años y que genera cuestionamientos sobre la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Los datos de la planilla de la Asamblea, disponibles en la página web de la Contraloría, revelan que el Legislativo destina $1.2 millones al mes a 410 asesores de distintos tipos, lo que representa un gasto anual de $14.4 millones.
Los salarios de los asesores, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, presentan una marcada disparidad. Las remuneraciones van desde $1,500 hasta $6,000 mensuales, una diferencia de $4,500 que refleja la amplitud de los rangos salariales destinados a estos cargos dentro del aparato estatal.
El análisis
Para Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el volumen de asesores contratados por el Estado no puede analizarse únicamente como un asunto de planilla, sino como un indicador de la calidad del servicio público.
“Consideramos que el nombramiento indiscriminado de asesores golpea directamente la integridad y la eficacia del servicio público”, sostuvo.
A su juicio, estas cifras también dejan entrever la existencia de estructuras clientelares y evidencian un problema más amplio: la desprofesionalización de la administración pública cuando no existe transparencia sobre los criterios utilizados para designar a estos funcionarios ni mecanismos claros para evaluar su desempeño.
La preocupación adquiere mayor dimensión en la Asamblea Nacional, donde, según De Obaldía, la cantidad de asesores resulta desproporcionada frente a las funciones legislativas que la Constitución asigna a los diputados.
La activista cuestionó que, mientras el Legislativo dispone de cientos de asesores, recientemente aprobó en segundo debate una reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) que equipara el trabajo comunitario de los diputados con su labor legislativa, pese a que la Constitución no contempla esa función y la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre el tema.
“Si la Asamblea cuenta con 400 asesores, ¿por qué ninguno ha podido explicarle a sus diputados cómo redactar leyes que no contravengan la Constitución?”, planteó De Obaldía.
Además, recordó que el país lleva ocho meses a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, luego de que ingresara al expediente la opinión del procurador Luis Carlos Gómez Rudy, quien consideró inconstitucionales el denominado “blindaje” de dos años y la eliminación de criterios de meritocracia.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana demandó la Ley 429, que reformó la Carrera del Servicio Legislativo, por considerar que vulneraba la meritocracia en el servicio público. En noviembre de 2025, el procurador Gómez Rudy consideró inconstitucionales el artículo 1 y las expresiones “por un periodo de dos años” y “sin necesidad de concurso”, contenidas en el artículo 2. El caso sigue pendiente de fallo en la Corte Suprema.
