La gestión de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, vuelve a colocarse bajo escrutinio público. Con una planilla que supera los 2,000 funcionarios entre personal académico y administrativo, el costo mensual de esa planilla asciende a 5.8 millones de dólares, una cifra que refleja el peso financiero que representa esta casa de estudios superiores para el Estado.
Dentro de esa estructura, 249 funcionarios devengan salarios que superan los 7,000 dólares mensuales. La propia Medianero de Bonagas encabeza la escala con un ingreso de 12,000 dólares, una remuneración que sobrepasa la del presidente de la República, José Raúl Mulino, cuyo salario se sitúa en 7,000 dólares. Este contraste ha alimentado cuestionamientos sobre la proporcionalidad y los criterios de asignación salarial en la institución.
El desglose de la planilla revela, además, que 212 funcionarios perciben sueldos que oscilan entre los 5,000 y 7,000 dólares, mientras que otros 96 se ubican en el rango de 3,000 a 5,000 dólares mensuales. Estas cifras evidencian una alta concentración de salarios en los niveles medios y altos, en comparación con otras entidades públicas.
En la base de la pirámide salarial se encuentra el grupo más numeroso: 1,148 funcionarios que reciben entre 1,000 y 3,000 dólares al mes. A estos se suman 309 trabajadores con ingresos entre 500 y 1,000 dólares, y un reducido grupo de ocho funcionarios que perciben menos de 500 dólares mensuales.
La crisis
Este martes 5 de mayo, autoridades de esa casa de estudios superiores llevaron a cabo una reunión debido a la crisis financiera que enfrenta la entidad. Para este año, la Unachi cuenta con un presupuesto de 69.2 millones de dólares para funcionamiento y 11.5 millones para inversión. No obstante, debido a su elevada planilla, el monto resulta insuficiente.
De hecho, el año pasado se le asignó un presupuesto similar y, después de agosto, el Tesoro Nacional tuvo que asumir gastos de funcionamiento, como el pago de los salarios del personal académico y administrativo. Este año, la institución va por el mismo camino.
Profesores que prefirieron mantener el anonimato para evitar represalias señalaron que probablemente la entidad no tendrá recursos para pagar los salarios a partir de la primera quincena de mayo. Incluso, actualmente no está pagando las cuotas a la Caja de Seguro Social (CSS).
Precisamente, el pasado 22 de abril, el vicerrector de la Unachi, Pedro González, informó ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que mantienen una mora con la CSS por un monto que supera los 12 millones de dólares. Medianero de Bonagas no acude a la Asamblea desde 2024, tras el cambio de Gobierno.
Uno de los momentos más sensibles de la sustentación surgió al abordar la ejecución del gasto en 2025. Aunque el presupuesto asignado fue de 72 millones, el gasto ejecutado alcanzó los 91 millones. “Este desfase no es producto de un gasto excesivo, sino de obligaciones laborales legalmente adquiridas”, aclaró González, al tiempo que reveló que el Estado solo había presupuestado pagos salariales hasta mitad de año.
“La Caja Única del Tesoro hizo los pagos directamente… hasta diciembre de 2025”, añadió, evidenciando una dependencia extraordinaria para cumplir con la planilla.
A este panorama se suman compromisos pendientes con la seguridad social. El vicerrector advirtió que existe “un déficit por incumplimiento del Estado de aproximadamente 27.6 millones”, dentro del cual destacó una deuda de “12.4 millones en concepto de cuota obrero-patronal con la Caja de Seguro Social y 265 mil dólares con el SIACAP”, obligaciones que no fueron transferidas oportunamente y que han tenido que ser cubiertas con el presupuesto de 2026.
El nepotismo
En medio de la crisis económica que enfrenta la universidad en la provincia de Chiriquí, también se desarrollan investigaciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por presuntos casos de nepotismo. Incluso, ya se ha recomendado la destitución de varios funcionarios.
En ese contexto, la entidad anunció la sanción de 29 servidores públicos de la Unachi, tras una investigación iniciada de oficio a finales de 2024. El proceso se activó luego de la difusión de denuncias públicas y derivó en la revisión administrativa y laboral de 86 funcionarios, en un intento por verificar posibles irregularidades en la contratación y permanencia del personal.
El análisis se sustentó en lo establecido en el artículo 41 del Código de Ética de los Servidores Públicos, que prohíbe el nombramiento o permanencia de familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad dentro de una misma entidad, especialmente si existe relación de supervisión o control.
Como resultado, la Antai recomendó la destitución de 15 funcionarios de distintos niveles jerárquicos, además de imponer sanciones económicas: a 12 servidores se les aplicó una multa equivalente al 50% de su salario mensual, mientras que otras dos funcionarias fueron sancionadas con el 10%.
La entidad también informó que mantiene abiertas unas 40 investigaciones adicionales relacionadas con personal de la Unachi, lo que sugiere que el alcance del caso podría ampliarse en los próximos meses. De momento, la rectora no se ha pronunciado sobre estas irregularidades.
