El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 26 de agosto en tercer debate el proyecto de ley que incluye algunos artículos al Código Penal para que se sancione con pena de prisión a funcionarios que, con dolo, ocasione la pérdida, paralización y deteriores de obras públicas.
La iniciativa, presentada por la diputada de Cambio Democrático Mayín Correa, establece que la pena sería de cuatro a siete años de prisión.
También se adiciona otro artículo que establece que los funcionarios con mando o por delegación “incurra en una manifiesta inobservancia en su deber de cuidado y supervisión” y provoque “pérdidas al erario nacional” así como el encarecimiento y deterioro de la obra podrá ser sancionado con pena de prisión de 12 años a 15 años.
Señala el proyecto que “el funcionario quedará exento de responsabilidad penal si la pérdida, deterioro o paralización de la obra a que se refiere el artículo 345-A, se produce por causa fortuita o fuerza mayor”.
