El pleno de la Asamblea Nacional devolvió, la noche del martes 28 de enero de 2020, a primer debate el proyecto de ley 50 que limita que los fiscales dicten arrestos, para que solo sea una potestad de los jueces.
En la actualidad, se permite a los fiscales aprobar las medidas cautelares, únicamente en aquellas causas que todavía se manejan bajo el sistema inquisitivo mixto. En el sistema penal acusatorio (SPA), esa facultad es del juez de garantías.
La decisión en la Asamblea se tomó luego de la intervención en el pleno de la fiscal de circuito, Tania Saavedra, en representación del Ministerio Público, quien manifestara que la propuesta no ayudaba a la liquidación del sistema inquisitivo. Por ello, consideró que no se debían reformar normas que ya habían sido derogadas.
Las medidas cautelares −explicó Saavedra− sirven tanto al fiscal como al juez, para que los investigados no se sustraigan del proceso.
Añadió que, de aprobarse el documento como se encuentra redactado, en la práctica no se podría aplicar ninguna medida cautelar bajo el sistema inquisitivo.
Ante estos planteamientos, el diputado Hernán Delgado, de Cambio Democrático y quien impulsa la iniciativa; la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático, y Corina Cano, del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, pidieron que la propuesta fuese bajada a primer debate.
La iniciativa de Delgado propone revivir el título tercero del Código Judicial y eliminar la competencia del Ministerio Público para ordenar detenciones preventivas en los procesos iniciados antes de 2018 y que todavía continúan bajo el sistema inquisitivo mixto.
Establece además que las detenciones preventivas tendrían que ser solicitadas a los jueces de garantías.
Delgado fue el mismo que en el período legislativo 2009-2014 impulsó la prueba sumaria –hoy prueba idónea– como requisito para investigar a los diputados, tema que aún sigue generando debate.
Sobre la limitación de detenciones preventivas, el diputado Delgado ha indicado que lo que “buscamos es ver la manera que a través de una norma se busque suspender el abuso y las arbitrariedades que vienen cometiendo los fiscales en nuestro país en detrimento de personas nacionales y extranjeras que son objeto de procesos judiciales”.
