Tardó tres días en reaccionar. Y su respuesta no dejó indiferente a nadie.
Este lunes 31 de agosto, el presidente José Raúl Mulino afirmó desconocer las razones por las que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) restringió hasta el año 2036 el acceso público a información sobre todas las concesiones portuarias y otros procesos administrativos del sector marítimo.
“Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió en X, refiriéndose a la controvertida resolución de la AMP publicada en la Gaceta Oficial del viernes 28 de agosto.
La resolución, aunque se divulga ahora, no es nueva: la adoptó cinco meses antes la junta directiva de la AMP, que preside la abogada y viceministra del Ministerio de la Presidencia, Virna Luque Ferro, muy cercana a Mulino. De hecho, cuando Mulino fue ministro de Seguridad Pública, entre 2009 y 2014, ella era la secretaria general de ese ministerio, hasta que la nombraron directora de Aduanas (un cargo que la mantuvo en la órbita de Mulino).
Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 31, 2026
El contraste ocurre, además, en un momento relevante para el negocio portuario panameño, ya que la AMP busca operador para tres puertos: los de Balboa, Cristóbal e Isla Margarita.
Hasta anoche, la resolución repudiada por Mulino (la No. 12 de 2026) seguía vigente, aunque la Secretaría de Comunicación del Estado informó a La Prensa que habría una actuación inminente: “La viceministra Luque tomó nota y se hará lo correspondiente para mayor transparencia”.
La viceministra y la resolución
La resolución de la controversia lleva la firma de Virna Luque Ferro, viceministra de la Presidencia, y de Luis Roquebert, administrador de la AMP.
Por su cercanía con Mulino, algunos dudan que el presidente no conociera las intenciones de la AMP
“Aquí no comemos cuento. Aquí está la firma de su viceministra de la Presidencia. Me pregunto si ustedes no se comunican”, dijo la diputada Alexandra Brenes, quien, de paso, solicitó remover a Roquebert del cargo. “Ya es hora de reemplazarlo”.
Esa opinión fue respaldada por su colega Janine Prado.
Luque forma parte del círculo de confianza de Mulino. Ocupa el cargo desde el 1 de julio de 2024, cuando el mandatario asumió el poder. Es abogada y tiene maestrías en derecho comparado y derecho marítimo. Su trayectoria en el sector público incluye la secretaría general del Ministerio de Seguridad, cuando el hoy gobernante dirigió esta cartera en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), y militó en Unión Patriótica, colectivo donde compartió con Mulino.
Su hermano es Julio Luque Ferro, a quien el presidente designó embajador de Panamá en Bolivia.
Mulino siempre ha estado vinculado al derecho marítimo. Al respecto, tiene una maestría de la Universidad de Tulane y ejerció esa especialidad como socio fundador del bufete Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, la cual luego se llamó Fábrega, Molino y Mulino.
El oficio también se quedó en la familia. José Raúl Mulino Cohen, hijo del presidente, es socio fundador de Mulino & Mulino, un bufete especializado, según su propio sitio, en derecho marítimo, naviero y de almirantazgo. En esa firma también labora Verónica, la pequeña de las hijas de Mulino.
La reserva que aprobó la AMP, por tanto, ocurre en un ámbito que el presidente conoce desde hace décadas, mientras su administración diseña el futuro de los principales puertos del país.
El asesor que conduce la transición
Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que expulsó a Panama Ports Company (PPC) de Balboa y Cristóbal, el Ejecutivo ubicó al exadministrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, en el centro del proceso de transición.
Alemán Zubieta es uno de los asesores estrella del mandatario y su especialidad es el desarrollo marítimo y logístico. Lo designó el 10 de junio de 2024, junto con Miguel Antonio Bernal, que está enfocado en los asuntos constitucionales; Alberto Vallarino, que atiende los temas financieros, y Roberto Brenes, para asuntos económicos.
Alemán Zubieta también participó en el proyecto de desarrollo del puerto Barú, en Chiriquí.
El 30 de enero de 2026, un día después de que la CSJ declarara inconstitucional el contrato ley de PPC, Mulino lo designó líder de un equipo técnico multidisciplinario encargado de conducir la transición en los puertos de Balboa y Cristóbal.
La instrucción presidencial buscaba evitar improvisaciones en un proceso que el propio mandatario calificó como estratégico.
El bufete y uno de los nuevos operadores
Otra de las conexiones del entorno de Mulino con el negocio portuario pasa por el abogado Aníbal Galindo, quien coordinó el equipo de transición del entonces presidente electo en 2024.
Galindo es socio fundador, desde 1985, del bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), según la biografía que la propia firma publica en su sitio web. De paso, ahí se advierte que actualmente está “de licencia”.
La especialidad de Galindo es el derecho corporativo, las fusiones, las licitaciones públicas y los contratos de concesión.
Alcogal representa a APM Terminals Panamá, filial de Maersk, empresa a la que el gobierno adjudicó un contrato de 18 meses para administrar el puerto de Balboa, uno de los que antes operó PPC.
No es la primera vez que el bufete aparece del lado de una concesión estatal de gran escala. Según el historial que la propia firma publica en su sitio, Alcogal representó a Kansas City Railway y Mi-Jack Products Inc. en el contrato de concesión del Ferrocarril de Panamá.
En conversación con La Prensa, Galindo explicó que su papel como asesor de Mulino no corresponde a un tema concreto.
“El presidente acostumbra pedirle a sus asesores opiniones, criterios sobre los temas que el presidente tiene a bien”, dijo.
Sobre su vínculo con Alcogal, aseguró que se apartó del despacho desde su designación como asesor: “No participo de las directivas de ninguna de las empresas vinculadas a Alcogal. Ni participo de temas legales en Alcogal por razón de mi separación”.
Agregó que, a sus 71 años de edad, ya está jubilado del bufete y que aún no define si la separación será temporal o definitiva.
Galindo reivindicó una trayectoria de 45 años en temas marítimos, entre ellos el abanderamiento de naves y la asesoría legal a Colón Container Terminal (CCT) durante cerca de cuatro décadas.
“Hemos sido asesores legales probablemente durante, o sea, por 40 años de temas marítimos”, enfatizó, pero negó cualquier encargo presidencial en la resolución de la AMP que ahora concentra la atención pública.
“No he sido encargado por el señor presidente de ningún tema marítimo que tenga relación con el gobierno. Es más, los temas de Balboa y Cristóbal los ha manejado una comisión designada por el presidente de la que yo no formo parte. En consecuencia, ni opino ni tengo nada que ver”, afirmó.
“No tengo ningún conflicto, le puedo asegurar eso”, agregó.
El asiento del Estado en la junta de PPC
La relación del entorno presidencial con el negocio portuario va más allá de la transición posterior a PPC.
Mientras la concesión de PPC estuvo vigente, Mulino designó a Roberto Brenes, uno de sus asesores económicos, en la junta directiva de la empresa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 439, del 25 de julio de 2024, en sustitución de José Alejandro Rojas Pardini, quien ocupó ese puesto durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Brenes es banquero, caficultor, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y exvicepresidente de la Bolsa de Valores de Panamá.
El fallo que cambió el escenario
PPC operó los puertos de Balboa y Cristóbal desde 1997 hasta que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional su contrato.
La sentencia fue unánime y determinó que la Ley 5 de 16 de enero de 1997, que aprobó el contrato de concesión de PPC, violaba ocho artículos de la Constitución.
El fallo también anuló las adendas contractuales posteriores y dos resoluciones de la AMP de 2023 que habían autorizado extender la concesión hasta 2047.
La sentencia quedó ejecutoriada el 23 de febrero, después de su publicación en la Gaceta Oficial, y dejó a PPC sin sustento legal para seguir operando las terminales.
La empresa, filial de la hongkonesa CK Hutchison, inició un arbitraje internacional contra el Estado panameño y reclama una indemnización superior a los $1,500 millones.
Ese mismo 23 de febrero, el Consejo de Gabinete oficializó contratos temporales de 18 meses con APM Terminals, filial de Maersk, para administrar Balboa, y con Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), para Cristóbal.
La Contraloría General de la República refrendó los contratos temporales.
El esquema busca mantener operativas las terminales mientras el Estado define el modelo de concesión definitivo.
Cinco puertos, una nueva disputa
Mulino ya anunció el siguiente capítulo de esta historia.
Durante la Convención Marítima de las Américas 2026, y en otros foros, ha recordado que Panamá prepara la licitación de cinco terminales portuarias.
Balboa y Cristóbal saldrán a concurso por separado una vez concluya el esquema de transición. Isla Margarita, en la provincia de Colón, saldría a licitación antes de que termine 2026, según el calendario que anunció el mandatario.
A ese proceso se suman Corozal y Telfers, dos proyectos que impulsa directamente la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en los lados Pacífico y Atlántico, respectivamente.
Significa que el mapa portuario del país está en movimiento. Se debe definir quién operará las principales terminales, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo y con qué obligaciones para el Estado y los concesionarios.
Es en medio de ese proceso que la AMP decidió restringir durante una década el acceso público a información sobre concesiones, licencias, investigaciones administrativas y documentación comercial, contractual y técnica.
