La autorización del presidente de la República, José Raúl Mulino, para exportar el concentrado de cobre de la mina de First Quantum Minerals, en el sector de Donoso, provincia de Colón, abre de nuevo el debate sobre el futuro de la extracción minera en el istmo.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró como inconstitucional el contrato entre la empresa minera y el Estado, en noviembre de 2023, el material había quedado almacenado en las instalaciones. La legalidad de la exportación y el futuro de la extracción minera son algunos de los puntos que han generado reacciones de distintos expertos.
El abogado especialista en derecho ambiental, Harley Mitchell, considera que la decisión del presidente Mulino de exportar el concentrado de cobre es completamente legal, puesto que el fallo de la CSJ “rige hacia el futuro, no hacia el pasado”.
“El material era susceptible de que se comercializara. La empresa ya no tiene, en virtud del fallo de la CSJ, las facultades de extraer ni de transportar por sí sola ningún tipo de material. Pero el artículo 257 de la Constitución dice que los derechos que se pierden a nivel minero revierten al Estado. Perfectamente el presidente puede ordenar, a través de las instituciones competentes, que el material se remueva o se comercialice”, señaló Mitchell en entrevista con La Prensa.
Para el jurista, una situación similar ocurriría con la autorización para importar carbón que sirva para el funcionamiento de la termoeléctrica de la mina, que, de acuerdo con Mitchell, es algo necesario para que la empresa pueda cumplir con la exportación.
Por otra parte, el futuro de la mina no estaría condicionado únicamente por el fallo de la CSJ, según Mitchell. El abogado señala que, aunque la Ley 407 de 2023 establece una moratoria minera que prohíbe las concesiones, el marco jurídico panameño aún permite que el Estado explote directamente los recursos naturales.
“El Estado panameño se ve limitado por la ley de la República a autorizar una concesión. Sin embargo, la normativa constitucional establece la posibilidad de otros contratos. Actualmente, el marco jurídico permitiría al Estado explotar directamente, hacer licitaciones o realizar todas las actividades que permita la Ley de Contratación Pública para contratar a la persona jurídica más idónea” explicó.
Mitchell también destacó que la anulación del contrato con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, no impide que el Estado explore otras opciones dentro del marco legal vigente.
“Lo que defenestró el fallo de la CSJ fue la relación jurídica que tenía Minera Panamá con el Estado (...). El Estado puede [administrar la mina] directamente y, para efectos de que tenga alguna necesidad de que un organismo privado sea el que ejecute la labor, entonces puede utilizar el espectro de la Ley de Contratación Pública para procurar aquel servicio”, señaló.
Otras posturas
Para el diputado del Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, la Ley 407, que establece la moratoria minera, impide al gobierno otorgar concesiones para la explotación de minería metálica. No obstante, explicó a través de la red social X, que esto no excluye la posibilidad de que el propio Estado se dedique a esta actividad y subcontrate ciertas operaciones.
Sobre las concesiones de minería metálica en Panamá y el cierre de la mina. Mi criterio. pic.twitter.com/eoeo84ivzT
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) March 15, 2025
Una postura diferente plantea el diputado por la libre postulación, Neftalí Zamora, quien considera que el fallo de la CSJ sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá impediría, incluso, la exportación del material que reposa en la mina desde 2023.
“Autorizar la exportación de un recurso nacional sin un contrato vigente, ignorando la inconstitucionalidad del acuerdo previo, no solo es un abuso de poder, sino una afrenta al Estado de derecho y a la institucionalidad del país”, señaló el diputado en una publicación en su red social, Instagram.
Recientemente, Minera Panamá anunció que buscaría entablar conversaciones con el Gobierno panameño para analizar con su equipo de abogados la suspensión de los 7 arbitrajes que mantiene la empresa contra el Estado panameño.
