A pesar de los cuestionamientos y llamados de atención de comunidades y autoridades de Veraguas y Herrera, el Ministerio de Gobierno mantiene en marcha el proyecto para construir el complejo penitenciario en el área de Divisa. La iniciativa ha generado preocupación entre autoridades locales y residentes, quienes han advertido sobre sus posibles impactos ambientales y sociales.
El proyecto, que se prevé construir en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera, se encuentra actualmente en fase de licitación. Para su ejecución se recibieron dos propuestas: el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos presentó una oferta de $181.6 millones, mientras que Constructora Rigaservices, S.A. ofertó $181.1 millones.
Las ofertas de $181 millones, superan el precio de referencia de $177 millones establecido por el Ministerio de Gobierno para la licitación. De mantenerse ese monto, la obra tendría un costo superior al estimado inicialmente por el Estado.
Ambas propuestas fueron recibidas el 13 de agosto de 2026, según el acta de apertura del Ministerio de Gobierno. La oferta de Rigaservices fue aproximadamente $440 mil inferior a la presentada por el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos. La licitación contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo complejo penitenciario, bajo la modalidad de adjudicación global.
La polémica
Las comunidades y autoridades locales aseguran que no se oponen a la construcción de un nuevo centro penitenciario, pero cuestionan que el proyecto sea ubicado en Divisa y han pedido al Gobierno reconsiderar el sitio escogido ante las posibles afectaciones ambientales y sociales.
El alcalde de Santa María, Iván De León, informó que sostuvieron una reunión con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto con representantes de corregimiento, para conocer detalles sobre el proyecto. Durante el encuentro el pasado mes, las autoridades locales expresaron su preocupación y solicitaron al Gobierno reconsiderar la ubicación del complejo.
De León señaló que la posición de las autoridades locales se sustenta en tres aspectos. El primero es el ambiental, por la cercanía del terreno con la cuenca del río Santa María y un área protegida. El segundo es la participación ciudadana, debido a la necesidad de cumplir con los mecanismos establecidos en la Ley 6 de 2002. El tercero es el impacto social, particularmente por la proximidad del proyecto con centros educativos y las posibles consecuencias para las comunidades cercanas.
Según el alcalde, las autoridades del Ejecutivo les informaron que el proyecto es considerado de seguridad nacional y que utilizaría entre 20 y 25 hectáreas del terreno, sin intervenir el área inundable. También señalaron que el complejo estaría alejado del Instituto Nacional de Agricultura (INA).
Además, les comunicaron que el nuevo centro penitenciario estaría destinado principalmente a personas privadas de libertad de las provincias centrales y no a internos de alto perfil.
No obstante, las autoridades locales insisten en que el proyecto debería construirse en otra zona.
Pliego de condiciones
El proyecto tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y alrededor de 450 custodios. De acuerdo con el pliego de condiciones, la infraestructura contará con pabellones diferenciados según el nivel de seguridad de los internos. Los de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos para seis personas, mientras que los considerados de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales, sometidos a mayores controles.
El complejo también contempla una escuela de aproximadamente 1,300 metros cuadrados y talleres para la formación en electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura.
En materia de seguridad, el diseño exige medidas para reducir los riesgos de fuga y reforzar el control interno. El perímetro estará protegido por muros de concreto armado de entre cinco y seis metros de altura, además de cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles.
El componente tecnológico incluye cámaras inteligentes con reconocimiento facial, detección de armas, identificación de movimientos sospechosos y seguimiento automatizado. Las grabaciones deberán conservarse durante al menos 45 días.
También se contemplan escáneres corporales, detectores de metales, equipos de rayos X, controles biométricos para el personal y códigos QR para los visitantes. El proyecto incluye, además, inhibidores de señal celular y sistemas de detección de drones, dos mecanismos que adquieren especial relevancia tras los recientes hallazgos registrados en La Joyita.
Millones en cárceles
Durante la administración de José Raúl Mulino, el Gobierno ha proyectado una inversión de $392 millones en tres nuevos centros penitenciarios. El plan incluye el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, en Divisa, con capacidad para 3,000 personas privadas de libertad; un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, que se construiría cerca de La Joya, en Las Garzas, para unos 2,000 internos; y un complejo especializado en resarcimiento y rehabilitación, frente a La Joya, con capacidad para 2,500 personas en la etapa final de sus condenas.
A estas nuevas obras se suma el Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, inaugurado en enero de 2026 mediante una asociación público-privada, con una inversión de $22.4 millones y capacidad para 520 privadas de libertad. De concretarse los tres nuevos proyectos, la administración de Mulino dejaría en marcha o construidos cinco centros penitenciarios.
