La controversia sobre el desempeño de la administración de justicia en Panamá no es nueva. En la más reciente disputa mediática que protagonizaron la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon y el embajador de Estados Unidos en Panamá, William Eaton, solo hubo un cambio de actores.
Tras la recomposición de las relaciones diplomáticas entre ambos países, resquebrajadas a finales de la década de 1980 bajo el régimen de Manuel Antonio Noriega, la justicia recobró su rol como apuntalador del naciente sistema democrático panameño.
Este papel trajo como consecuencia inmediata no solo ayuda financiera, sino una escalada de críticas salpicada, algunas veces, por lo polémica de sus decisiones.
Mirada por el retrovisor
Tras escasos 20 meses de la llegada de la nueva administración, luego de la caída del gobierno castrense, EU firmó un convenio con Panamá en el que se comprometió a donar 12 millones de dólares para sufragar el proyecto de mejoramiento de la administración de justicia. El convenio, firmado en septiembre de 1991 por el entonces embajador de EU, Deane Hinton, y el hoy ex presidente de la Corte Carlos Lucas López tendría una vigencia de cinco años y los desembolsos se canalizarían a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID).
Un mes antes de esa firma, el juez primero de ramo penal, Luis Guillermo Zúñiga, fue destituido de su cargo tras haber otorgado una fianza de excarcelación a Marco Justine, ex coronel de las desaparecidas Fuerzas de Defensa.
Zúñiga acusó no solo al entonces presidente de la República, Guillermo Endara, de estar detrás de esa decisión, sino también a Lucas López por permitir, según dijo en ese entonces, que las manos del Ejecutivo se inmiscuyeran en la justicia.
NUEVO GOBIERNO
Cinco años más tarde, durante la administración de Ernesto Pérez Balladares, un informe del Departamento de Estado advertía que Panamá tenía un serio problema de corrupción, incluso en el Órgano Judicial. El informe fue rechazado desde el mismo seno de la Corte. El hoy desaparecido magistrado José Manuel Faúndes dijo que en el aparato de justicia había profesionales de alta honradez y solvencia moral. Meses después, Faúndes fue separado del cargo por esa misma Corte, luego de que la Asamblea Legislativa empezara un proceso en su contra por supuestas anomalías en su función.
En febrero de 1998, EU volvió a criticar el sistema. En una carta, el entonces canciller panameño, Ricardo Alberto Arias, calificó de "inaceptables" tales aseveraciones y dijo que esas críticas tenían el propósito de "lesionar innecesariamente la imagen internacional de Panamá". La carta fue dirigida a William Hugues, a la sazón, embajador de EU en Panamá.
Cinco años después, un nuevo informe del Departamento de Estado dijo que la justicia panameña sufría de corrupción, ineficiencia y manipulación política. Era marzo de 2002 y la Corte tenía como presidente a Adán Arnulfo Arjona. En reacción, Arjona dijo que las citadas manifestaciones eran "vagas e imprecisas".
Pero EU siguió con el dedo en la llaga. En febrero de 2004 un nuevo informe volvió a describir la justicia como ineficaz, y con frecuencia, corrupta.
El entonces presidente de la Corte, César Pereira Burgos, hoy desaparecido, guardó silencio. Tres meses después, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) suspendió la ayuda que brindaba a ese órgano para mejorar su administración.
Con antecedentes, la Corte, bajo la presidencia de Graciela Dixon, se enfrasca nuevamente en una disputa verbal con el embajador Eaton.
Hoy los protagonistas son otros, pero las razones que encienden el debate siguen siendo las mismas.
