Como el hombre que pone sus "bardas en remojo" cuando ve las de su vecino arder, el director de la Policía Nacional (PN), Rolando Mirones, dice estar consciente de que la institución que dirige no está exenta de los hechos de corrupción que hoy afectan a otras entidades de seguridad.
De hecho, reconoce que desde septiembre de 2005, dos mil 500 policías han sido encausados por faltas disciplinarias menores y otros 289 por casos más graves, de los cuales 258 fueron destituidos.
Entre los destituidos e investigados, explicó, no solo hay funcionarios de rangos bajos y medios; también figuran "altos mandos".
Respecto de estos últimos, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial ha investigado –aparte de las juntas disciplinarias– a 72 capitanes, 69 mayores, 18 subcomisionados y tres comisionados.
Los casos en los que aún no se ha decidido por la destitución del funcionario, 31 exactamente, están pendientes de decisiones en la Corte y en otras instancias jurisdiccionales, en el Ministerio Público y en el Ministerio de Gobierno.
Figuran en esta lista por lo menos seis oficiales, entre
estos el comisionado Carlos Soto Vega, detenido desde diciembre de 2006 por supuestos nexos con el narcotráfico.
El germen del mal
Más allá de las cifras, Mirones piensa que lo más importante en el tema de la corrupción es crear mecanismos institucionales para depurar constantemente las entidades.
El funcionario no quiso referirse al caso de la Policía Técnica Judicial –salpicada por un escándalo de sustracción y venta de armas por parte de un inspector de la institución–, pero cuando se le preguntó sobre el tema, opinó que todas las instituciones de seguridad deben quedar aisladas de los asuntos político-partidistas, que para él son el germen de la corrupción policial.
"En la medida en que los políticos entiendan esto, la policía podrá cumplir su trabajo mejor", dijo. "La corrupción es una realidad en todo el mundo. Lo importante es establecer mecanismos de fiscalización que no dependan de un hombre", acotó.
