Diferentes grupos de precandidatos por libre postulación a todos los cargos de elección popular exigieron este lunes al Tribunal Electoral (TE) mayor claridad, transparencia y respeto, así como reglas definidas y criterios preestablecidos en el proceso de recolección de firmas. Además, pidieron una reunión con los magistrados del TE.
Según los precandidatos, desde el 15 de agosto del 2022, día en que inició la recolección de firmas han advertido, tanto a la institución como al público en general, la desventaja que tienen frente a los partidos políticos y sus inscripciones.
“La respuesta del TE ha sido ineficaz e ilegal, ya que no cuenta con normas jurídicas que respalden el estatus actual de un grupo plural de precandidatos y/o activistas, afectando aún más el proceso de recolección de apoyo. El TE, de manera arbitraria, sin respeto al debido proceso, ha sancionado y comprometido la confidencialidad de los datos suministrados, afectando la credibilidad de los precandidatos de manera selectiva, colocándonos en indefensión por el cambio constante de las reglas del proceso”, señala el pronunciamiento conjunto de los precandidatos, que fue leído en la sede del TE en Ancón por Samantha Acrich, aspirante a una curul en el circuito 8-3.
Usuarios “inactivos”
El precandidato a la Presidencia de la República por libre por postulación, Eduardo Quirós, quien forma parte del grupo denunciante, señaló que el estatus de “inactivo” dentro del que se ha casificado a un grupo de precandidatos no está consagrado en ninguna norma jurídica electoral. “Que se digan los parámetros o criterios para anular firmas, mientras no lo tengamos claro no podemos iniciar el proceso de revisión”. Quirós también alertó sobre la presencia de otro fenómeno dañino en la política. “Hay preocupación sobre el clientelismo que existe respecto a la obtención de firmas; queremos la participación de delegados electorales en quioscos y puntos de recolección de apoyos”, reclamó.
Denuncias
Irma Hernández, precandidata a la Alcaldía de San Miguelito por la Coalición Vamos, afirmó que se presentarán distintos recursos legales por parte de diferentes precandidatos, ya que este proceso afecta la democracia en general, no solo a las precandidaturas independientes.
“No conocemos cuáles son exactamente los criterios; queremos que esas auditorias sean transparentes, no nos estamos defendiendo frente a la comisión de errores, vamos a reconocer aquellas hechas con error, pero necesitamos la prueba antes de que se nos sancione. Al vulnerar el debido proceso, sancionando antes de auditorías, varios grupos de abogados de precandidatos independientes, vamos a presentar todos los recursos necesarios para defender las precandidaturas independientes frente a estas arbitrariedades dentro de un proceso injusto”, anunció.
Última fase
Desde este 29 de noviembre del 2022, el TE inició la fase de auditoría fiscalizada por parte de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). En este proceso, según lo señalan los precandidatos, se hará un sorteo para definir el orden en que se llamará a cada aspirante involucrado para que vea los videos y las fallas.
Todavía existen activistas de precandidatos sin poder utilizar la app por estar en condición de inhabilitados.
Los magistrados del TE anunciaron la suspensión de la app desde el pasado 25 de octubre a las 8pm, y ordenaron el inicio de auditorías internas y externas. Según el TE se llamaría a empresas especializadas en auditorías para que realicen las investigaciones.
Según pudo conocer La Prensa, Rissco, KPMG y Delloite fueron contactados por el TE para realizar el trabajo, pero no hubo respuesta afirmativa de ninguna de ellas. Por lo que la auditoría fue llevada a cabo por la misma institución.
