El presidente Laurentino Cortizo vetó el proyecto ley que buscaba castigar con penas de tres a cinco años de prisión a los servidores públicos que permitieran la paralización y deterioro de obras públicas.
En una nota dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, con fecha del 25 de septiembre, el mandatario le informó que el proyecto quedaba “objetado en su conjunto” por razones de “inconveniencia e inexequibilidad”.
El proyecto de ley, impulsado por la diputada de Cambio Democrático (CD), Mayín Correa, tenía como objetivo sancionar a los funcionarios que, con conocimiento y teniendo a su disposición los recursos económicos para desarrollar una obra licitada, permitan el deterioro significativo, el abandono, la destrucción o el encarecimiento de esta.
Las penas de prisión tendrían efecto siempre que la cuantía del daño sea de $20 mil a $500 mil.
El documento estipulaba que cuando el daño sobrepase los $500 mil, la pena irá de cuatro a ocho años de prisión, pero si quien ordena la paralización de la obra es un superior jerárquico, la condena será de 5 a 10 años, “sin importar la cuantía”.
Sin embargo, en su nota el mandatario señala que nuestra las leyes otorgan una responsabilidad proporcional con la envergadura del cargo que se ostente, “la inherente complejidad propia de la estructura de las instituciones públicas hace que la ubicación de responsabilidades no sea tan sencilla como parece sugerir la exposición de motivos que acompaña el documento principal. En este orden, los manuales de cargos y funciones en las entidades del Estado, mencionan una cantidad plural de servidores públicos responsables de los diversos momentos que sobrevienen a la ejecución de las obras públicas”.
En este sentido, destaca, se debe tener presente que las autoridades responsables de las obras comprende “una pluralidad de actores dentro de las instituciones, mucho más allá de sus titulares”.
Es por ello que el equipo legal del Ejecutivo considera que “el régimen de responsabilidad de estos funcionarios, es para con el mismo Estado, quien debería repetir contra ellos para resarcirse de los daños ocasionados”.
Por su parte, Mayín Correa consideró esta objeción es “de corte político”.
(Con información de Aminta Bustamante)
