Lo primero que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, al sustentar el presupuesto de este órgano del Estado para el 2026, fue que el mismo fue preparado por la administración saliente. Es decir, por la gestión de su colega Dana Castañeda, quien concluyó su periodo en la directiva del Legislativo el pasado 30 de junio.
Enseguida explicó que, al momento de elaborar el presupuesto, la Asamblea solicitó $177 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó $98 millones, divididos de la siguiente manera: funcionamiento ($95 millones) e inversiones ($3 millones).
De inmediato mostró varias fotografías de estructuras del Palacio Justo Arosemena en evidente deterioro. “Cada día que pasa se está cayendo alguna lámina, algún vidrio, que pueden poner en peligro a funcionarios y visitantes de la Asamblea”, narró.
El propósito era sustentar por qué se requiere más presupuesto de inversión. Es decir, los $3 millones no son suficientes. Ni su equipo ni los diputados que estaban presentes en la comisión plantearon la posibilidad de redistribuir parte del presupuesto de funcionamiento (planillas, pago de servicios, alquileres, viáticos, compra de insumos y contratos de asesoría).
En otras palabras, el jefe del Legislativo insiste en blindar los gastos operativos, incluso por encima de atender necesidades urgentes de infraestructura y seguridad en la sede.
Herrera, quien comenzó su presentación a las 10:57 p.m. y concluyó a las 11:33 p.m. del jueves 25 de septiembre, argumentó que $3 millones para inversión es una cifra “muy baja”. “Solicitamos al MEF de manera urgente el apoyo en el tema de inversión”, dijo.
Resaltó que “el mayor presupuesto es el de funcionamiento” por el papel que juega la Asamblea en la sociedad.
La planilla y las oficinas de participación
Empezó entonces el periodo de preguntas de los diputados. La primera en intervenir fue Janine Prado, de Vamos, la única que cuestionó. Su primer tema: la planilla.
Herrera contó que, al momento de asumir la presidencia (1 de julio de 2024), en la partida 001 había 3,090 empleados. Al 31 de agosto, el número se redujo a 3,047 servidores.
Pero no es la única planilla. En la partida 002 había 1,661 funcionarios y actualmente hay 1,141. “Una reducción de casi 400 posiciones”, manifestó.
La diputada Prado preguntó entonces por las oficinas de Participación Ciudadana. Herrera anunció que cerrarán estas oficinas “a nivel nacional”. No obstante, mantendrán sus posiciones aquellas personas que sí trabajan en ellas.
Los $95 millones de funcionamiento
La diputada Prado le preguntó: “¿Considera que los $95 millones destinados a funcionamiento son adecuados, o se podrían reducir tomando en cuenta que países como Chile operan con una séptima parte del presupuesto de Panamá?”
Herrera respondió que el personal que realmente trabaja no tiene ningún problema. “Los que deben preocuparse son los que no lo hacen”, dijo, en referencia a las llamadas botellas. Añadió que impulsará la aplicación de la Ley de Carrera Legislativa, aprobada al final del periodo 2019-2024, cuando el Partido Revolucionario Democrático (PRD) controlaba el Legislativo.
“Estamos evaluando, persona por persona, para garantizar que quienes permanezcan en la Asamblea sean los que de verdad trabajan”, concluyó.
