Cuando las autoridades panameñas cruzaron las puertas de Villa Marista, la prisión donde permanecen detenidos 10 panameños desde el pasado 28 de febrero, tenían al menos una certeza: sus compatriotas estaban vivos. Lo que encontraron al otro lado fue algo más complejo y, de alguna forma, más desconcertante.
La reunión, que se prolongó por una hora, permitió al canciller Javier Martínez Acha y al equipo que lo acompañó, comprobar el estado de salud de los detenidos y constatar, según un comunicado oficial de la Cancillería panameña, que “están recibiendo un trato humanitario y la debida asistencia legal”.
Villa Marista es una instalación conocida por ser el centro de operaciones de la Seguridad del Estado cubano. Fuentes consultadas por este medio coinciden en que los panameños no han recibido abusos. Pero más allá de las condiciones físicas, el caso sigue envuelto en una bruma de preguntas sin responder.
El perfil que no encaja
El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el 2 de marzo pasado del arresto de los 10 panameños, acusados de plasmar grafitis contra el gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.
Citan frases como “comunismo enemigo de la comunidad”, “abajo la tiranía”, y “confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”.
La acusación formal habla de “actos de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional”, y señala que cada uno de ellos iba a cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares al regresar a Panamá.
Podrían enfrentar penas de entre cuatro y ocho años de cárcel.
No obstante, el retrato que trazan fuentes diplomáticas consultadas por este medio no es el de un grupo de activistas políticos con agenda definida.
“La impresión que da este caso es que no tenían intención política”, manifestó una fuente oficial que tuvo acceso directo al caso. “Ingenuos”, dijo.
El presidente José Raúl Mulino es más optimista. “Están muy bien, dentro de las circunstancias. Tienen asistencia médica, alimentación (...) le respetan todos sus derechos procesales y humanos”, manifestó cuando este jueves los periodistas le preguntaron sobre el tema.
‘Arrepentidos’
Los propios detenidos confesaron a las autoridades cubanas que fueron contratados para llevar ayuda y para “poner algunos anuncios”, “pero no parecieron darle trascendencia importante a ese acto”, manifestó la fuente, quien describió a este medio un perfil que resulta difícil de encuadrar en la categoría de operación subversiva:
“No tenían una visión exacta del momento en que se vive, el rol que podían cumplir. No constituyen peligro para nadie. Se trata de un grupo de personas que no tenían conciencia exacta de lo que hacían”. añadió.
Y agregó otro aspecto que podría sintetizar la ambigüedad del caso: “Se sienten arrepentidos”.
El factor contexto
Lo que sí es un hecho es que estos ciudadanos panameños operaron en un país y en un momento político en el que no hay margen de error.
Cuba atraviesa una de sus crisis más agudas en décadas, marcada por apagones, escasez y una presión social que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha respondido con una mayor vigilancia sobre cualquier actividad que pueda interpretarse como disidencia o injerencia extranjera.
Grafitear paredes en ese contexto, sin importar cuál fuera su contenido exacto, es según expertos en asuntos cubanos, una acción que las autoridades de La Habana procesarán “inevitablemente” bajo la lente de la seguridad del Estado.
El lugar donde están los panameños tiene historia propia
Villa Marista está ubicada en La Habana. Durante décadas ha albergado a presos políticos a cargo de la agencia de seguridad nacional cubana. Un día fue un colegio de los Hermanos Maristas, pero desde 1963 resguarda los calabozos del Ministerio del Interior.
Con el tiempo, el lugar pasó a ser conocido simplemente como “La Villa” entre los viejos cuadros de la Seguridad del Estado. Los detenidos permanecen allí durante la fase de investigación, que puede extenderse por tiempo indefinido.
La metodología que históricamente se ha atribuido a sus celdas no apunta hacia la violencia física como primer recurso. Pero si en lo psicológico. Entre sus presos más conocidos figura el disidente Vladimiro Roca, hijo del fundador del Partido Comunista cubano, quien estuvo casi dos años en Villa Marista antes de ser juzgado en 1999 por sedición, condenado a cinco años de prisión por publicar un documento que pedía reformas políticas y de derechos humanos.
En 2021, el periodista Lázaro Yuri Valle Roca fue llevado a Villa Marista por “propaganda enemiga” y “rebeldía”. Pasó 50 días en el recinto antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad donde cumplió casi tres años de condena.
Los tiempos inciertos
La visita de Martínez-Acha a La Habana tuvo también una dimensión política. El canciller fue recibido en el Palacio de la Revolución por el propio Díaz-Canel, probablemente una señal de que Panamá y Cuba quieren manejar este asunto por la vía del diálogo y sin estridencias públicas.
En esa reunión participaron el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla y la directora de América Latina y el Caribe de la Cancillería cubana, Ileana Núñez, lo que da cuenta del nivel de atención que ambas partes le otorgan al expediente.
La noticia incluso, fue reseñada en el diario oficial Gramma. “Recibe Diaz-Canel a Canciller de Panamá”, tituló el rotativo. Sobre el caso de los panameños detenidos, el diario anotó: “Como parte de su visita a Cuba, la agenda de Martínez–Acha incluye, además de encuentros con autoridades cubanas, la visita al grupo de panameños detenidos y acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba”.
Cuba, según fuentes diplomáticas, prometió estudiar el caso con seriedad. La solución que Panamá considera ideal es clara: “Lo ideal es que los expulsaran y los deportaran”, dijo la fuente.
Por ahora, 10 panameños siguen en Villa Marista, arrepentidos según dicen, sin que nadie pueda explicar bien qué fueron realmente a hacer a Cuba, ni cuándo volverán a casa.
El caso sigue siendo una incógnita.
