El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley del presupuesto para el año 2026. Con un resultado de 58 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, la propuesta superó su última etapa legislativa, abriendo paso a su implementación.
A diferencia del año pasado, en esta ocasión el documento fue avalado antes de que culminara el periodo legislativo, el 31 de octubre.
Como se recordará, el Gobierno presentó el pasado lunes 28 de julio el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026, por un monto de $34,900 millones. Este implica un aumento de más de $4,000 millones en comparación con 2025, según el Gobierno, centrado en la inversión social y la disciplina fiscal.
Durante la aprobación en segundo debate del proyecto de ley, también se registraron 10 votos en contra, provenientes de la mayoría de los diputados de la bancada Vamos, quienes, durante el proceso de discusión, presentaron modificaciones que no fueron aprobadas, como la reducción de viáticos u otros gastos, como la telefonía celular de los funcionarios.
Como parte del proceso de aprobación del presupuesto, la Comisión de Presupuesto solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la redistribución de $233 millones en los sectores de salud, educación y agropecuario, sin alterar el monto total de $34,901 millones.
Estas modificaciones, presentadas en la Asamblea Nacional, implicaron reasignaciones de fondos entre diferentes ministerios y proyectos, como un incremento de $8 millones para la inversión del Ministerio de la Presidencia en 2026.
Modificaciones
Durante el segundo debate del proyecto de ley del presupuesto del Estado, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó tres modificaciones clave que podrían transformar la gestión fiscal del país. Una de las medidas más destacadas establece un límite para las consultorías gubernamentales, que no podrán superar el 4% del presupuesto de cada institución.
Esta reforma busca frenar los gastos excesivos en asesorías externas y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos. Además, en un esfuerzo por fortalecer el control fiscal, se aprobó una disposición que obliga a las entidades autónomas y semiautónomas a incorporar en su totalidad los ingresos de autogestión al presupuesto estatal, con el fin de evitar la discrecionalidad en el manejo de estos fondos y mejorar la transparencia financiera.
En paralelo, el pleno introdujo una excepción importante en la Ley de Contrataciones Públicas, que permitirá a entidades clave, como el Metro de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), ETESA, Tocumen, S.A., y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, realizar contrataciones de urgencia sin someterse a los procedimientos ordinarios.
Esta excepción, sin embargo, está sujeta a límites estrictos: solo aplicará cuando el monto de la contratación sea inferior a $500,000 dólares y no podrá acumularse por proveedor ni por tipo de servicio. Para garantizar la transparencia, cada entidad deberá elaborar un reglamento especial aprobado por su junta directiva y la Contraloría General, cuyo contenido deberá publicarse en la Gaceta Oficial.
Otros detalles
El presupuesto de 2026 destina $11,151 millones a inversión pública, un aumento del 26% respecto a 2025, de los cuales el 12% se dirigirá a infraestructura y el 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano, incluyendo salud, educación y acceso a agua potable.
Ante el crecimiento histórico de la deuda, que pasó de $26,612 millones en 2019 a $51,812 millones en 2024, y el aumento del 152% en intereses, el ministro de Economía, Felipe Chapman aseguró que el presupuesto incorpora estrategias de refinanciamiento y gestión prudente para garantizar la sostenibilidad fiscal.
