El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027 por $35,111.7 millones.
El presupuesto contó con el voto favorable de 51 diputados. Mientras que 20 votaron en contra. No se registraron abstenciones. La discusión se retomó en la tarde de este jueves 29 de octubre luego de que en la madrugada se agotara la discusión de la propuesta y se decretara un receso.
Los diputados debatieron el proyecto durante más de 16 horas con dos rondas de discursos.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, junto a su equipo, respondió una a una las preguntas de los diputados. Chapman defendió el proyecto con el argumento de que, entre otras cosas, fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejora la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos.
Del total del presupuesto, $12,839.7 millones (36.6%) se destinan a inversión y $22,272 millones (63.4%), a funcionamiento.
Sobrevive la propuesta de Benicio
Los diputados Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Manuel Cohen, de Cambio Democrático (CD) y Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM); presentaron una propuesta para reformar el artículo 370 con el propósito de extender la lista de instituciones que pueden contratar hasta por $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.
Esta modificación también fue aprobada.
La sesión estaba convocada para las 11:30 a.m., pero el debate se retomó pasadas las 2:00 p.m. Según diputados consultados para esta nota, el retraso se debió a que los proponentes de la reforma buscaban los votos.
Esta modificación fue presentada la noche del miércoles 28 de octubre, pero en la madrugada Robinson la retiró y presentó otra con un cambio cosmético.
La propuesta original permitía que el Metro de Panamá y sus subsidiarias, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y el Aeropuerto Internacional de Tocumen, “así como las instituciones públicas tales como” el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Gobierno y los municipios, compraran servicios técnicos, repuestos y equipos sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, por montos de hasta $1 millón por contratación.
La nueva versión, recibida a la 1:51 a.m. del jueves 29, solo eliminó la palabra “municipios”. El cambio, sin embargo, no cierra la puerta. El texto mantiene que la excepción aplica a las instituciones públicas, “tales como” los ministerios mencionados, “que atiendan asuntos de interés general de derechos poblacionales”, una definición tan amplia que los gobiernos locales podrían acogerse a ella.
Para usar la excepción basta con alegar “situaciones fortuitas y de urgencia” o “circunstancias debidamente justificadas de interés público que requieran atención prioritaria”.
Cada entidad deberá emitir una lista de los servicios, repuestos y equipos que comprará así, y adoptar un reglamento especial de contratación aprobado por la Contraloría General de la República y publicado en la Gaceta Oficial.
Chapman se aparta de la reforma
El ministro Chapman, se apartó de la reforma al artículo 370. Consultado al salir del pleno, aseguró que el cambio no salió de su despacho. “Nosotros no lo propusimos, es lo que puedo decir”.
El ministro dijo que las modificaciones al proyecto fueron “producto de conversaciones entre los diputados”. Añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas se mantuvo al margen de esa discusión.
“Nosotros no emitimos voto en la Asamblea Nacional, así que estamos ajenos a esa discusión”, afirmó.
Chapman afirmó que el artículo no implica dinero adicional. “Es solamente las normas. Eso no tiene ningún impacto en los números del presupuesto”, explicó.
Cuando se le preguntó cómo se garantizará la transparencia ahora que más instituciones podrán contratar sin aplicar la Ley de Contrataciones Públicas, el ministro se comprometió a vigilar esas compras.
“Tengan la certeza que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa, que eso no quepa la menor duda. Mientras yo esté en ese cargo, eso no va a pasar”, aseguró. Y agregó: “Yo voy a defender los recursos de los ciudadanos, y ese es mi compromiso”.
Para Chapman, lo importante era que el país tenga el presupuesto para 2027. “Lo importante es que se haya aprobado en segundo debate el proyecto de presupuesto”, argumentó.
