La tarde de este jueves 11 de septiembre, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, transcurrió entre cifras frías y rostros tensos. Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social, desplegó su carpeta de datos frente a los diputados.
Lo primero que expuso fue la magnitud del ajuste: el ministerio había solicitado 309.3 millones de balboas para 2026, pero apenas le recomendaron 222.8 millones.
Una diferencia de 86 millones se interpuso como un muro entre lo pedido y lo que, en teoría, se podrá ejecutar.
La ministra no alzó la voz. Explicó con calma que el recorte se sentirá, sobre todo, en el presupuesto de funcionamiento, con 18.1 millones menos de lo esperado.
Aclaró que el aumento en servicios personales permitirá cubrir salarios, vacaciones y leyes especiales, pero en otros renglones —viáticos, alquileres, suministros y hasta el pago de electricidad— la manta no alcanza.
Los recortes
Enumerar los rubros reducidos fue casi un ejercicio de resistencia. Materiales de oficina, alimentos para comedores, combustibles, repuestos para vehículos, computadoras y mobiliario quedaron limitados.
Cada ítem parecía traducirse en un pedazo de la operación cotidiana del ministerio, un engranaje que ahora tendría que moverse con menos aceite.
En medio de esas limitaciones, Carles de Arango recordó las obligaciones que aún persisten. Patronatos, hogares de niñas en Penonomé, Coclé y Panamá, así como comedores y centros de atención infantil, dependen de la asignación estatal.
La memoria de los compromisos pendientes con exfuncionarios apareció como una herida abierta. Desde 2014, muchos habían esperado el pago de vacaciones y primas de antigüedad.
Con ahorros en alquiler de helicópteros y vehículos, el ministerio logró saldar deudas por más de medio millón de balboas en 2024 y 2025. Pero para 2026 —dijo la ministra— no hay un centavo asignado para continuar.
El parque vehicular fue otro retrato de precariedad. De 179 autos, apenas 107 siguen operativos. Los demás están en reparación, en proceso de descarte o arrumados por daños mayores.
La ministra insistió en que el desgaste es inevitable: “Las giras son a zonas apartadas, de difícil acceso. Son caminos que consumen vehículos como si fueran papel”.
Los programas
El presupuesto de inversión tampoco salió indemne. De los 263.4 millones solicitados, la recomendación apenas alcanzó los 193.5.
La diferencia de 69.9 millones golpeó con especial fuerza a los programas de transferencia monetaria condicionada, columna vertebral de la protección social. Allí, la brecha amenaza con dejar a miles de familias en la incertidumbre.
Los principales programas de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Panamá son: 120 a los 65 para adultos mayores, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio del Senapan.
Durante 2025, en estos programas el presupuesto cubrió a 154,810 beneficiarios. Para 2026, se solicitaron 229.1 millones para atender la creciente demanda, pero solo se recomendaron 162.3 millones.
“Miles de solicitudes elegibles esperan inclusión, y el riesgo es que queden nuevamente en lista de espera”, advirtió la ministra.
Registro de beneficiarios
La ejecución presupuestaria hasta agosto mostraba disciplina: 101% comprometido y 93% devengado. En inversión, el avance era del 94%. A pesar de los números, Carles de Arango insistió en que la eficiencia tiene un límite si los recursos no corresponden a las necesidades reales de la población.
Los ejemplos de austeridad también formaron parte de su relato. En 2024, el ministerio gastó 233 mil balboas en logística para los pagos de transferencias.
En 2025, la cifra se redujo a la mitad, generando un ahorro de 460 mil balboas en un solo año. “No alquilamos vehículos, reducimos helicópteros y viáticos. Ajustamos sin detener la operación”, afirmó.
Al final, la ministra volvió a lo esencial: las personas. Recordó que un año atrás el 75% de los beneficiarios no estaba inscrito en el Registro Nacional. Hoy, el 82% aparece en el sistema. También señaló que casi 4 mil panameños, olvidados en listas desde 2019, fueron incluidos. “El presupuesto no es solo números. Son vidas en espera de una respuesta”, concluyó antes de cerrar su carpeta.
