La revisión del proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027, que asciende a $35,111.7 millones, avanzó esta semana. Sobre la mesa quedaron una serie de ajustes que la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional recomendará al Ejecutivo.
Después de tres semanas de vistas presupuestarias, el presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, confirmó que los diputados prepararán recomendaciones para modificar algunas asignaciones antes de que el proyecto avance al pleno.
Hasta ahora, la comisión ha realizado 46 vistas presupuestarias. Han participado instituciones como el Tribunal Electoral, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Educación y Pandeportes.
Sin embargo, faltan entidades que acaparan un gran porcentaje del presupuesto entre ellas los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), que es de $630,440,407; el Ministerio de Obras Públicas y de Salud (Minsa), por $178,631,699, que es por $3,192,081,549.
“Este es un tema bastante sensitivo, a nosotros nos preocupa mucho el tema de la salud”, dijo Vásquez.
El anuncio que Vásquez se da luego de que, en las primeras semanas de las vistas, diputados de oposición cuestionaran algunas asignaciones presupuestarias y señalaran incrementos en planillas, dietas y otros gastos que, a su juicio, deberían ser revisados antes de aprobar el presupuesto.

Entre los casos expuestos estuvieron dietas de hasta $750 por reunión, aumentos de gastos de personal y partidas de inversión cuya utilización generó interrogantes.
Foco estará en inversión
Vásquez pidió a los integrantes de la comisión concentrarse en su papel fiscalizador durante las vistas y utilizar la información proporcionada por las instituciones para determinar dónde son necesarios los ajustes.
La discusión, dijo, no debe limitarse a cuánto dinero solicita cada entidad, sino a qué resultados espera obtener con esos recursos.
“Creemos que debemos centrarnos más en los resultados, en la inversión, porque hemos visto un común denominador, por ejemplo, en el tema de educación, en donde el funcionamiento sobrepasa a la inversión”, indicó.
El diputado planteó que la comisión debe revisar el balance entre los gastos de funcionamiento y los recursos destinados a inversión, especialmente en instituciones que tienen responsabilidades en la ejecución de proyectos.
“Si queremos resultados, necesitamos hacer un balance y ver entidades que manejan inversión, pero que tienen un recaudo muy bajo para el Estado”, añadió.
La posición de la comisión coincide con uno de los principales cuestionamientos que han surgido durante las vistas: que, mientras el presupuesto global supera los $35 mil millones, existen asignaciones específicas que podrían ser revisadas para determinar si responden a las prioridades del país.
Salud, educación y agua
Entre las áreas que Vásquez identificó como prioritarias están salud, infraestructura, educación y agua.
“Priorizaremos siempre temas en salud e infraestructura, que se vea la inversión en el país, porque después de la inversión viene el movimiento económico y la generación de empleos”, dijo.
El presidente de la comisión sostuvo que esas áreas continuarán siendo el foco de las recomendaciones que formule la Asamblea al Ejecutivo.
Gobierno propone invertir $12,564.1 millones, equivalente al 36% del presupuesto total, para impulsar obras públicas, infraestructura y “proyectos estratégicos”. Más de $7,000 millones serán para obras físicas.
Otros $5,499 millones irán a inversión financiera. El presupuesto también contempla este monto para operaciones financieras y adquisición de activos del Estado.
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Las vistas presupuestarias, entretanto, todavía no terminan. De acuerdo con Vásquez, el cronograma se ha cumplido hasta ahora, pero el proceso se extenderá por al menos tres semanas más, periodo durante el cual deberán comparecer otras instituciones de alto impacto presupuestario.
Entre ellas estará el MEF, cuya sustentación será particularmente relevante porque de esa entidad dependerá buena parte de la discusión sobre la viabilidad de los ajustes que plantee la comisión.
La Comisión de Presupuesto no tiene facultad para modificar directamente las cifras presentadas por el Ejecutivo. Su margen de acción está en formular recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que este evalúe ajustes antes de que el proyecto regrese a la Asamblea Nacional para su discusión.
