El diputado suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Gabriel Solís, generó controversia luego de presentar el anteproyecto de ley número 223, que busca implementar la obligatoriedad de instalar detectores de gas, combustible o GLP en viviendas bajo el régimen de propiedad horizontal.
Durante la sustentación de la propuesta, el diputado Solís recordó una tragedia que marcó la génesis de esta iniciativa legislativa: el 31 de mayo de 2019, una explosión en el PH Costa Mare resultó en la muerte de un bebé y dejó gravemente heridos a su madre y hermano.
Solís subrayó que esta problemática no es exclusiva de Panamá y que otros países han comenzado a legislar sobre el tema, lo que refuerza la necesidad de adoptar medidas preventivas y normativas similares en el país.
El anteproyecto de ley propone la instalación de detectores de gas que pueden adquirirse en tiendas de ferretería y no requieren de un técnico certificado para su instalación.
El diputado aclaró que, aunque lo ideal sería contar con sistemas más robustos conectados a paneles de incendio, la propuesta busca una solución práctica que cualquier ciudadano pueda implementar. Estos detectores tienen una vida útil aproximada de diez años, según las especificaciones técnicas de cada marca.
La polémica
En el debate, el diputado de la coalición Vamos, Jhonathan Vega, expresó preocupación por la posibilidad de falsas alarmas en los detectores de gas, señalando que esto podría generar una falsa sensación de seguridad.
Solís respondió que, aunque pueden ocurrir falsas alarmas, la finalidad del dispositivo es prevenir tragedias mayores, como las ocurridas en el pasado. Recordó que situaciones similares se dan con los detectores de humo y que, aunque no son infalibles, son una medida preventiva esencial.
El diputado Vega también cuestionó si los bomberos y las autoridades competentes cuentan con los recursos necesarios para realizar inspecciones periódicas y garantizar el correcto funcionamiento de los detectores. Asimismo, planteó dudas sobre la capacidad del sistema para supervisar la instalación de estos dispositivos en todas las viviendas del país, dado el volumen de propiedades que estarían sujetas a la ley.
Uno de los puntos más críticos del debate fue la posible carga económica que el proyecto podría representar para las familias panameñas. Vega señaló que la obligatoriedad de instalar detectores de gas podría suponer un gasto considerable para muchos hogares.
A su vez, sugirió que el proyecto podría favorecer a ciertas empresas al crear una demanda garantizada para la venta de estos dispositivos, lo que implicaría un conflicto de intereses si Solís tuviera relación con empresas del sector de seguridad.
Quiero aclarar al país que no tengo vínculos con empresas dedicadas a la venta de detectores de gas o GLP. Nuestro anteproyecto promueve la venta libre de estos dispositivos para salvaguardar vidas y prevenir tragedias por fugas de gas. La seguridad de los ciudadanos está por…
— Gabriel Solis (@gabriel_solisa) October 15, 2024
Durante el debate, Vega insinuó que Solís podría estar utilizando su posición para beneficiarse económicamente, acusándolo de tener vínculos con empresas de seguridad. De hecho, el diputado de Vamos se refirió a dos empresas de las cuales forma parte el hijo del contralor Gerardo Solís: Selec S.A. y Allied Security Inc.
“Diputado, venir a crear necesidades para obtener un beneficio personal y económico no es la forma de hacer leyes en Panamá que sean beneficiosas para el país”, dijo Vega.
Por su parte, Solís aclaró que, aunque trabaja en temas de seguridad privada, no tiene ninguna relación con la instalación de detectores de gas.
La diputada Graciela Hernández sugirió que cualquier propuesta relacionada con la seguridad de las edificaciones debe ser cuidadosamente estudiada y consultada con los organismos responsables de certificar los sistemas de seguridad en los edificios. Sin este aval, la propuesta podría quedar incompleta o generar contradicciones con las normativas existentes.
Finalmente, la propuesta de ley no fue prohijada por los diputados que integran la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.
