La Procuraduría de la Administración abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre la gobernanza de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi). Un concepto jurídico firmado por la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz, pone en entredicho la legalidad de la reelección de varias de sus principales autoridades.
La opinión, fechada el 30 de abril de 2025, surge como respuesta a una demanda de nulidad interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia.
El conflicto legal se centra en la Resolución TSE-003-2024, emitida por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, mediante la cual se rechazó de plano una impugnación contra la reelección del profesor Eliseo Ríos Araúz como decano de la Facultad de Educación.
El demandante, el abogado José Félix Yángüez, en representación del estudiante Leonel Marcelino Suira, sostiene que dicha resolución ignora las restricciones vigentes sobre la reelección de autoridades universitarias.
La pieza clave de esta controversia es la Ley 292 de 2022, que modificó el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Unachi.
Según el análisis de la Procuraduría, esta norma fue clara al establecer un nuevo régimen: mientras al rector se le permite ser reelegido hasta por dos períodos consecutivos, la ley guarda silencio o excluye expresamente esa posibilidad para los decanos, vicedecanos y directores de centros regionales.
Por su parte, el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi defendió su actuación al argumentar que la Ley 292 debe aplicarse hacia el futuro. Bajo su interpretación, los actuales decanos fueron elegidos bajo una legislación anterior y, por ende, la prohibición de reelección no les afectaría en el proceso electoral de 2024, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes.
Los argumentos
No obstante, la procuradora Villalaz sostiene una interpretación distinta, sustentada en el principio de legalidad. En su escrito, subraya que, en el derecho público, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente.
Al desaparecer de la norma la facultad de reelección para los decanos, quienes se encontraban ejerciendo el cargo no podían postularse nuevamente para el mismo puesto en las elecciones de 2024.
El documento profundiza en la naturaleza de la reelección y cita textos jurídicos que la definen como la “segunda o ulterior elección de alguien para igual puesto que venía desempeñando”. La Procuraduría advierte que permitir esta práctica sin un respaldo legal expreso contradice el principio de alternancia democrática que debe imperar en la gestión pública.
Villalaz resalta un punto crítico: la reelección inmediata busca evitar que quien ocupa un cargo público se aproveche de las ventajas inherentes a su posición para competir en condiciones favorables frente a sus adversarios. Esa “ventaja del incumbente”, sostiene, es precisamente lo que las reformas electorales buscan mitigar para garantizar contiendas más justas y transparentes.
La argumentación de la Procuraduría también desestima la comparación con leyes anteriores, como la Ley 12 de 2017, que sí permitía expresamente una reelección inmediata por un único período. Para el despacho de Villalaz, esa disposición quedó insubsistente con la entrada en vigor de la Ley 292 de 2022, que reorganizó integralmente la materia.
Los reelectos
En la misma situación de Ríos —es decir, autoridades que se reeligieron en 2024— se encuentran Ramón Rodríguez, decano de la Facultad de Economía; Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social; Evelia Aparicio, decana de la Facultad de Medicina; y Aralis Birmingham, directora del Centro Regional Universitario de Tierras Altas.
La postura de la Procuraduría refuerza la tesis de que el proceso electoral iniciado a finales de 2023 debía regirse por las normas vigentes en ese momento. Según el demandante, las actuaciones del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi se apartaron de las directrices legales al permitir que autoridades en ejercicio aspiraran a una reelección no contemplada en la legislación vigente.
Tras el pronunciamiento de Grettel Villalaz que pidió declarar “ilegal” lo actuado por el Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, la decisión final queda ahora en manos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si anula la resolución que permitió estas candidaturas controvertidas.
La opinión jurídica llega cuando la rectora Etelvina Medianero de Bonagas se apresta a dejar el cargo, cerrando una administración que durante años estuvo en el centro de cuestionamientos por la concentración de poder dentro de la universidad.
