POLÉMICA POR ‘OPERACIÓN MILAGRO’

El programa de la discordia

Se auditarán ‘todos, todos los gastos del programa’, aseguró el ministro de Salud, Franklin Vergara.

El programa de la discordia
El programa de la discordia

Desde sus inicios, el programa generó polémica. Gremios médicos y políticos contrarios al entonces gobierno de Martín Torrijos, criticaron la idea de traer un equipo de oftalmólogos cubanos para operar a panameños de escasos recursos en el Hospital Luis Chicho Fábrega de Santiago, provincia de Veraguas.

La Sociedad Panameña de Oftalmología manifestó, en 2006, que se oponía a la práctica de la medicina por parte de personas que no eran idóneas para ejercer la actividad en Panamá.

Eran momentos en que la iniciativa cubana daba sus primeros pasos en el país. Mientras, los políticos decían que esa era una intervención directa de Cuba en el Gobierno panameño.

Contra viento y marea, “Operación Milagro” se mantuvo. Se estima que los médicos operaron a casi 45 mil panameños, pero al llegar el nuevo gobierno, el Ministerio de Salud (Minsa) les comunicó que el convenio no se extendería.

Los médicos tomaron sus maletas y hace un par de semanas volaron hacia Cuba, dejando tras de sí un revuelo que cobró notoriedad internacional.

Ahora el ministro de Salud, Franklin Vergara, asegura que al programa se le harán dos auditorías. Una financiera y otra médica. Explicó que se auditará la calidad de las operaciones, y “absolutamente todos, todos los gastos”, aseguró el jefe del Minsa con especial énfasis.

Vergara sigue preguntándose dónde están los expedientes de los casi 45 mil operados por el programa. Dijo que han hecho contactos con la Embajada de Cuba en Panamá, para que les dé razón de este tema, pero no han obtenido respuesta.

“No hemos podido hablar con el embajador. Personal nuestro ha estado haciendo gestiones para el acercamiento, pero tengo entendido que están en una actividad que los mantiene muy ocupados y no nos han podido atender (...), será después de carnavales”, añadió.

Recalcó que el programa le costó al Estado $88 mil mensuales.


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