La Autoridad Nacional de Descentralización tendrá en su presupuesto para el año que viene $278 millones 840 mil 373 para los programas de inversión y ayudas de las juntas comunales y alcaldías.
En este mismo escenario, la Asamblea Nacional busca reformar la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública, en varios aspectos.
Fondos de la Descentralización aumentan en año preelectoral
Los gobiernos locales contarán con $296 millones 640 mil 373 en 2023. La cifra es la suma de los programas con los que el Estado ayuda a juntas comunales y alcaldías, a través de la Autoridad Nacional de Descentralización.
César Candanedo, jefe de Presupuesto de la Autoridad de Descentralización –que ahora se encuentra en manos de Mosley Ibarra, tras la renuncia de Francisco Vigil–, detalló en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que el rubro de inversión de la entidad se concentra en los programas Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) e Interés Social para Municipios y Juntas comunales, en la transferencia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en la ayuda en subsidios para las 679 juntas comunales y 81 alcaldías del país.
Desglose
Así las cosas, Candanedo indicó que $83 millones 710 mil serán para el Piopsm; $100 millones para el programa Interés Social para Municipios y Juntas comunales; $95 millones 130 mil 373 para el IBI, y $17.8 millones para subsidios de algunos municipios y juntas.
Sin los $17.8 millones de subsidios para los gobiernos locales, los recursos otorgado a los tres programas referidos en 2023 ($278 millones 840 mil 373) superarán los $233 millones 594 mil 496 que se les asignó en 2022, según consta en el presupuesto del Estado aprobado por la Asamblea Nacional correspondiente a este año, y publicado en Gaceta Oficial, número 29408-A.
Aunque los gobiernos locales no reciben directamente todos los fondos de los programas, ya que un porcentaje es manejado por el Ministerio de Economía y Finanzas –que paga a los proveedores los proyectos de inversión de las comunidades–, hay recursos que sí van directos a sus arcas.
Por ejemplo, los fondos del Piopsm se reparten anualmente y son entregados a razón de $110 mil para cada una de las 679 juntas comunales y cada uno de los 81 municipios.
Mientras, una parte del dinero proveniente del IBI –que se destina para inversión– es administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago a contratistas y proveedores, y el resto del dinero lo manejan los gobiernos locales sin mayor control. El próximo año, estos fondos, “se entregarán a partir del 1 de enero de 2023 a todos los municipios y juntas comunales”, según Candanedo.
Sin embargo, el 6 de septiembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 868 que, precisamente, pretende variar el porcentaje del dinero del IBI que manejan los gobiernos locales para que la mayor parte vaya a funcionamiento y no a inversión, como está establecido en la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.
Esta fue una conquista de los gobiernos locales en 2020, cuando se desató la pandemia de la covid-19. En ese momento, los alcaldes se quejaron ante el presidente Laurentino Cortizo de que no recaudaban lo necesario para hacer frente a los gastos administrativos y ayudar a sus comunidades. Por ello, el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo para impulsar una ley que permitiera esa prerrogativa.
El proyecto de ley propone, por ejemplo, que durante la vigencia fiscal de 2022 los municipios puedan destinar hasta el 100% del monto final que reciban en concepto del impuesto de inmueble, incluyendo todos los remanentes no comprometidos a la fecha, para gastos de funcionamiento administrativos y obras sociales.
Además, establece que el monto de $110 mil que se le entrega a los gobiernos locales anualmente del Piopsm, “será revisado cada dos años y dicho valor podrá ser aumentado, mas no disminuido, del último valor establecido”.
Añade que “el Órgano Ejecutivo podrá incrementar el monto de este programa antes de los dos años establecidos en el párrafo anterior”.
¿Recursos para política?
No obstante, hay quienes señalan el posible uso de estos fondos para mover los hilos en la política. El analista político José Stoute advierte que el aumento de estos fondos estaría orientado directamente a favorecer la reelección de representantes de corregimientos y alcaldes del partido en gobierno.
“No está orientado para resolver problemas del país, en obras y ayudas para las comunidades, pues nos siguen faltado puentes, aceras y demás. El tema de la descentralización se ha politizado y ahora buscan la reelección de los autoridades locales del Partido Revolucionario Democrático”, planteó.
En mayo pasado, durante las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), diputados de gobierno acusaron a Ibarra de manejar a discrecionalidad los fondos de los diferentes programas de la Autoridad de Descentralización.
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que dirige el diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, lo citó para que respondiera un cuestionario sobre el monto de las transferencias realizadas entre abril y mayo –justamente el periodo que abarcó el proceso interno del PRD– a los municipios y juntas comunales y a qué proyectos iban dirigidos esos fondos.
El pasado miércoles 7 de septiembre, en la sustentación del presupuesto de la Autoridad de Descentralización –que en 2023 ascendería en total a $323 millones 51 mil 816–, ninguno de los diputados presentes en la comisión cuestionó a Ibarra.
