El proyecto de ley que organiza las juntas comunales y modifica la Ley 106 de 1973, sobre Régimen Municipal, fue sancionado por el presidente José Raúl Mulino.
Se trata de la Ley 520 del 27 de abril de 2026, la cual establece que la autoridad saliente de una junta comunal deberá realizar un proceso de transición con la autoridad electa entrante, correspondiente a su respectiva junta comunal. La norma también indica que, en caso de reelección de la autoridad, no se realizará dicho proceso.
El incumplimiento de estas responsabilidades, incluyendo la entrega de información alterada o insuficiente, conllevará sanciones penales por delitos contra la administración pública.
Además, la ley impone límites de gasto y restricciones fiscales durante los últimos meses de gestión, con el objetivo de garantizar la “estabilidad económica del gobierno entrante”.
También fija pautas para el traspaso de accesos digitales, llaves de instalaciones y registros legales, buscando evitar la interrupción de los servicios públicos.
La normativa obliga al representante o alcalde a presentar informes pormenorizados sobre gastos e ingresos, así como sobre todos los bienes de la junta comunal o alcaldía.
Por ejemplo, deberá elaborar estados de cuenta con fecha de corte de dos días antes de finalizar su periodo; dejar listo el informe de ingresos y egresos, incluyendo su respectiva consolidación vigente; y entregar un inventario de activos y pasivos, con un listado detallado que incluya mobiliario, flota vehicular, equipo electrónico, licencias de software, equipo de oficina y cualquier otro bien de la entidad, indicando su estado físico y posibles gravámenes.
“Con esto, ponemos fin a los vacíos legales que por años debilitaron la gestión local”, afirmó el diputado independiente Neftalí Zamora, proponente de la iniciativa.
Zamora presentó el proyecto en 2024, luego de que numerosas autoridades salientes no realizaran la debida entrega de cargos ni presentaran los informes correspondientes de su administración. En muchos casos, las juntas comunales fueron entregadas con instalaciones deterioradas y con reportes financieros incompletos.
“Después de lo vivido en 2024, avanzamos hacia un proceso claro, con reglas definidas, que garantiza la rendición de cuentas, la continuidad de los servicios y una mayor transparencia para la ciudadanía”, añadió Zamora.
