A petición de la Corte Suprema de Justicia y sin mayores contratiempos, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional pasó a segundo debate el proyecto de ley 802, que entre otras cosas busca aumentar de dos a cinco años el tiempo mínimo de penalidad requerido en una condena de segunda instancia para interponer un recurso de casación.
La propuesta, que llegó al Legislativo de mano de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, consta de siete artículos y plantea, por ejemplo, “que en materia criminal habrá lugar al recurso de casación en el fondo, contra las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando la pena de prisión impuesta sea superior a los cinco años de prisión”.
Además, plantea que una vez “admitido el recurso de casación en materia criminal, el magistrado sustanciador dará traslado del proceso a la Procuraduría General de la Nación por el término de 10 días y una vez recibido el expediente, señalará hora y día para la audiencia, solo si las partes lo solicitaran dentro de los cinco días siguientes a la notificación edictal de la decisión que admitiera el recurso”.
El proyecto 802 especifica que estas adiciones a la Ley 4 de 2017 –que reforma los códigos Judicial, Penal y Procesal Penal respecto a las medidas que evitan el hacinamiento en las cárceles– “se aplicarán a los procesos penales iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (2008), conforme a lo dispuesto en el artículo 554 de dicho Código”.
A juicio de algunos juristas, la iniciativa limitará el recurso de casación. En cambio, el presidente de la Comisión de Gobierno, el perredista Leandro Ávila, opinó que “es un proyecto de avanzada, que va a ayudar en parte a los problemas que hemos tenido con el sistema inquisitivo”.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, manifestó que los procesos bajo el sistema inquisitivo seguirán siendo motivo de controversia hasta que desaparezcan y opinó que “eliminar los mecanismos de defensa no es la solución de devolver confianza en ese tipo de procesos”.
Apeló a que se aborden los correctivos al proceso penal, de forma integral, en un espacio como el que dio origen al sistema penal acusatorio: el pacto de Estado Por la Justicia.
En 2020, la Comisión de Estado Por la Justicia pidió a la Asamblea no seguir “emparchando” los códigos.
Por su parte, la magistrada López indicó en la exposición de motivos del proyecto que aumentar la “calidad y cantidad de decisiones sobre recursos de casación en materia criminal, indudablemente permitirá un margen de sentencias absolutorias, y aún si se mantienen las condenatorias, ahora permitirá que los Jueces de Cumplimiento atiendan cualquier pedido dirigido a disminuir el hacinamiento en los centros penitenciarios, sin que ello signifique impunidad”.
La casación ante la Corte es el último recurso que le queda a una persona cuando ha sido sentenciada en segunda instancia.
