Una propuesta de ley para castigar la práctica del transfuguismo en los partidos y movimientos políticos fue presentada este martes 21 de julio ante la oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.
La iniciativa busca tipificar el transfuguismo —que ocurre cuando una persona abandona una organización, especialmente un partido político, para incorporarse a otra, generalmente contraria— como delito y como una falta electoral.
“Cuando un ciudadano emite su voto lo hace por una persona, por una propuesta o por una plataforma o partido político que lo respalda. El transfuguismo rompe unilateralmente ese contrato político”, dijo Abdiel Tejeira, proponente de la iniciativa y miembro del movimiento Proyecto Arraiján.
Tejeira sostuvo que este tipo de prácticas políticas “constituye una estafa al electorado” y una “burla” a la democracia representativa. A su juicio, ello violaría el artículo 150 de la Constitución, que establece la obligación de actuar en interés de la Nación y de representar con lealtad a los respectivos partidos políticos y electores.
Aseguró que la propuesta no limita la libertad de pensamiento, de conciencia ni de asociación. Lo que sanciona, afirmó, es el uso fraudulento del mandato popular obtenido con una plataforma para ejercerlo desde otra.
Entre las sanciones que plantea están la pérdida del cargo; una multa de hasta 24 meses de salario básico, de la cual el 50% sería destinado a programas de educación cívica del Tribunal Electoral y el otro 50% al partido o plataforma afectada; la devolución del 100% del financiamiento público recibido para la campaña electoral; y la inhabilitación por un periodo de 10 años para postularse a cargos de elección popular.
El proyecto busca reformar el Código Penal para incluir un artículo que diga que si la conducta de transfuguismo es a cambio de dádivas, dinero, promesas de cargos públicos, adjudicaciones de contratos estatales o partidas presupuestarias se aplicará una pena de 5 a 10 años de prisión.
