La propuesta de crear un sistema nacional de alertas de emergencia para teléfonos celulares en Panamá, presentada hace unas semanas ante la Asamblea Nacional, cobra relevancia este lunes 10 de agosto, luego del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia y que también fue sentido en Panamá.
El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó daños y víctimas en varias ciudades colombianas.
La iniciativa, presentada por el diputado Jamis Acosta, plantea la creación del Sistema Nacional de Alertas Públicas ante Emergencias y Desastres, denominado ‘Panamá Alerta’. El mecanismo busca que la población pueda recibir avisos oficiales ante situaciones de riesgo, incluidos los sismos, de manera gratuita, georreferenciada y a través de distintos canales.
La propuesta establece que el sistema estaría integrado al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y funcionaría como un mecanismo nacional para la emisión y difusión de alertas públicas. La coordinación recaería en Sinaproc, con participación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), las entidades encargadas de monitorear amenazas y los operadores de telecomunicaciones.
Una alerta directamente al celular
Uno de los principales componentes de la propuesta es la utilización de difusión celular georreferenciada, conocida como cell broadcast. Esta tecnología permite enviar simultáneamente mensajes a los teléfonos ubicados dentro de un área determinada, sin necesidad de conocer individualmente los números de los usuarios.
Según el anteproyecto, la recepción de las alertas no dependería de tener saldo, un plan de datos o conexión a internet. Además, sería gratuita para los usuarios.
El sistema podría utilizarse ante inundaciones, deslizamientos, marejadas, tsunamis, tormentas severas, sismos, incendios, incidentes con materiales peligrosos, fallas de infraestructura crítica y emergencias sanitarias, ambientales o tecnológicas, entre otros eventos.
La iniciativa también establece que las alertas deberían incluir información básica para que las personas puedan reaccionar: la autoridad que emite el aviso, el tipo de amenaza, el área afectada, el nivel de urgencia, instrucciones concretas de protección y la vigencia del mensaje.
Inspirado en las alertas sísmicas de Google
En la exposición de motivos, Acosta hace referencia al sistema de Alertas de Terremotos de Google, que utiliza teléfonos Android para detectar movimientos sísmicos y enviar advertencias a los usuarios.
El diputado señala que esta experiencia demuestra la utilidad de contar con información anticipada y sostiene que, en un sistema oficial, las alertas deben ser verificadas, llegar a tiempo y contener instrucciones claras.
La propuesta también toma como referencia un episodio ocurrido recientemente en Venezuela, donde, según dijo, más de 11 millones de personas con teléfonos Android recibieron alertas del sistema de Google.
Sin embargo, ‘Panamá Alerta’ no sería simplemente una réplica del sistema de Google. El proyecto plantea una plataforma estatal que integre la información de las autoridades encargadas de detectar y evaluar las amenazas con las redes de telecomunicaciones y otros medios de comunicación.
Sinaproc tendría el control
De aprobarse la propuesta, Sinaproc sería la autoridad nacional encargada de autorizar, emitir, actualizar, suspender y cancelar las alertas.
El proyecto también contempla una Plataforma Central de Alertas, que permitiría generar, validar, autenticar, registrar, transmitir y actualizar los mensajes.
Mientras tanto, las autoridades que detecten o monitoreen amenazas —como el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), entidades de salud, ambiente, seguridad, bomberos e infraestructura, entre otras— tendrían que suministrar a Sinaproc información técnica suficiente para sustentar una alerta.
La ASEP, por su parte, tendría la responsabilidad de establecer y fiscalizar las condiciones técnicas que deberían cumplir las empresas de telecomunicaciones para transmitir los avisos.
Operadores tendrían que transmitir las alertas
La iniciativa legislativa establece como obligación para los operadores móviles habilitar y mantener las capacidades necesarias para recibir los mensajes desde la Plataforma Central y transmitirlos de forma prioritaria, segura, gratuita y georreferenciada.
Los operadores no podrían alterar, retrasar, filtrar o comercializar esos mensajes.
Además, la propuesta contempla pruebas técnicas, simulacros y auditorías periódicas antes y después de la entrada en funcionamiento del sistema, con el propósito de comprobar su cobertura, interoperabilidad y capacidad de respuesta.
El proyecto también incluye disposiciones para proteger la privacidad. La difusión de las alertas se realizaría preferentemente sin identificar individualmente a los usuarios ni crear bases nominales de destinatarios.
