Una propuesta para que los ministros de Estado censurados por la Asamblea Nacional estén obligados a renunciar a sus cargos fue presentada por el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), José Pérez Barboni, durante la discusión en segundo debate del proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) del Legislativo.
La iniciativa plantea incorporar un nuevo artículo sobre el voto de censura para establecer que, una vez aprobado este mecanismo por el pleno, el ministro o ministra deberá presentar su renuncia. Además, dispone que el presidente de la República tendrá un plazo máximo de 10 días para designar a su reemplazo.
La propuesta también establece que el funcionario censurado no podrá ser nombrado nuevamente como titular de un ministerio ni de una institución del gobierno central o descentralizada durante el resto del período constitucional. Actualmente, la Constitución contempla la figura del voto de censura, pero no obliga al mandatario a separar del cargo al ministro censurado.
Que el diputado responda civilmente
Barboni también propuso modificar el artículo sobre la irresponsabilidad jurídica de los diputados por las opiniones que emitan durante el ejercicio de sus funciones.
El texto mantiene el principio de inmunidad parlamentaria, pero introduce una excepción: durante el proceso de formación de las leyes —desde el prohijamiento hasta los tres debates— los diputados responderían civilmente cuando sus expresiones sean “evidentemente ofensivas y calumniosas”.
El RORI vigente únicamente establece que los diputados no son legalmente responsables por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo.
Durante la misma sesión, la diputada Yarelis Rodríguez, de la bancada Vamos, presentó modificaciones al artículo 21 del reglamento para endurecer los requisitos para ocupar los cargos de secretario general y subsecretario general de la Asamblea.
La propuesta exige, además de la nacionalidad panameña, tener al menos 25 años de edad y no haber sido condenado por delitos penales o contra la administración pública, contar con un título universitario y experiencia profesional comprobable en áreas como Derecho, Administración Pública, Administración de Empresas, Gerencia o disciplinas afines. En la norma vigente solo se exige que el aspirante sea “idóneo para el cargo”.
El nombramiento de este cargo es, por lo general, político. El actual secretario general, Carlos Alvarado, es hijo del exlegislador Carlos ‘Titi´Alvarado (q.e.p.d), del Partido Revolucionario Democrático.
El pleno de la Asamblea mantiene abierto el segundo debate del proyecto de ley 594. La noche del lunes, el vicepresidente Manuel Cohen declaró la sesión en “sala ilustrada”. La discusión se reanudará la tarde de este martes 14 de julio, con más de 15 diputados aún pendientes de hacer uso de la palabra.
