Sin avance. Así permanece en la agenda legislativa el proyecto de ley 531, por medio del cual se inhabilita de manera “permanente” para contratar con el Estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por corrupción o que hayan pactado acuerdos de colaboración o pena.
Ello, pese a que la propuesta entró en la agenda para segundo debate en julio de 2021. Estaba en el puesto 7 de la agenda hasta el jueves pasado. Ese día, lo bajaron al punto 10, sin dar explicaciones.
La propuesta busca modificar los numerales 8 y 9 del artículo 19 de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que establece la incapacidad legal para contratar con el Estado.
El numeral 8 dice: “En el caso de las personas naturales o jurídicas, haber sido condenadas, en los cinco años que anteceden a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales con penas de prisión de uno o más años, por un tribunal panameño o extranjero. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar se extenderá hasta por cinco años”.
El numeral 9, dice: “Quien celebre acuerdos de colaboración judicial o de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública. En todo caso, la incapacidad para contratar no se extenderá más de tres años”.
Con el cambio, planteado por el diputado independiente Gabriel Silva, se añadiría a los dos numerales lo siguiente: “en estos supuestos o en todo caso, la incapacidad legal para contratar será permanente”.
Silva ha dicho que es una reforma necesaria, pues seguir contratando empresas corruptas es una “práctica lesiva al interés nacional, que impide y desmotiva a las empresas honestas a participar en procesos de contratación pública para ofrecer un servicio u obra con altos estándares de calidad, eficiencia y competitividad”.
