Un proyecto de ley para investigar el uso de los recursos públicos, así como los préstamos asumidos por el Estado durante la pandemia de la covid-19, fue presentado esta semana ante el pleno de la Asamblea Nacional.
Se trata de una iniciativa impulsada por la diputada Grace Hernández, del Movimiento Otro Camino (Moca), que durante el pasado periodo legislativo quedó engavetada.
“Esta iniciativa no busca perseguir a nadie. Lo que busca es conocer la verdad. El que nada debe, nada teme”, aseguró la diputada.
Hernández sostuvo que en las últimas semanas han seguido surgiendo investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran a exfuncionarios, por lo que considera que el país necesita fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
“Si alguien se apropió de los recursos públicos, que responda ante la justicia y devuelva lo que pertenece al pueblo”, añadió.
Panamá permaneció bajo estado de emergencia nacional y alerta sanitaria por la covid-19 desde marzo de 2020 hasta julio de 2024, periodo durante el cual gobernó el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El proyecto propone establecer medidas especiales de transparencia y rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos utilizados durante los estados de emergencia. Para ello, plantea la realización de auditorías especiales, la presentación de informes de gestión, mecanismos de publicidad de la información y la remisión de hallazgos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes y recuperar el patrimonio público.
La iniciativa establece que, una vez concluido un estado de emergencia declarado, la Contraloría General de la República deberá realizar auditorías técnicas, financieras, administrativas y operativas sobre la utilización de los recursos públicos ejecutados durante ese periodo. Estas auditorías deberán iniciarse en un plazo no mayor de dos meses.
Además, las entidades y los funcionarios responsables deberán presentar un informe sobre la administración de los recursos públicos ejecutados durante el estado de emergencia, el cual deberá entregarse en un plazo máximo de 60 días.
El proyecto también dispone que, cuando las auditorías revelen hechos que puedan generar responsabilidades penales, administrativas, patrimoniales o civiles, la Contraloría deberá remitir las actuaciones a las autoridades competentes.
Además, incluye un artículo que dice que ley será aplicable a los recursos públicos utilizados durante los estados de emergencia declarados en marzo de 2020.
Durante la pandemia se presentaron denuncias ciudadanas y el Ministerio Público abrió investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de gel antibacterial, mascarillas y ventiladores, cuyos costos habrían sido inflados en distintas entidades del Estado durante los primeros meses de la crisis sanitaria.
También fueron objeto de cuestionamientos la adjudicación del contrato y los costos de construcción del Hospital Modular de Albrook, habilitado para atender a pacientes con covid-19.
