La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca extender la obligación de presentar una declaración jurada de estado patrimonial a funcionarios de alta jerarquía.
La propuesta, presentada por el diputado de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, recibió cinco votos a favor y uno en contra.
Votaron a favor: José Pérez Barboni, Francisco Brea, Ana Poveda (suplente), Martha Sandoya (suplente) y Roberto Zúñiga. En contra: Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión.
Este proyecto ya había sido aprobado en primer debate a finales del año pasado, pero, cuando estaba en segundo debate, el pleno de la Asamblea Nacional decidió devolverlo nuevamente a primer debate.
Esto ocurrió luego de que Camacho presentara un informe de minoría en el que sustentó que el proyecto posiblemente reñía con la Constitución.
A su juicio, el proyecto buscaba ampliar la disposición constitucional descrita en el artículo 304 de la Constitución, al extender el catálogo de funcionarios obligados a presentar una declaración jurada de estado patrimonial. “Cualquier intento de cambiar la Constitución mediante una ley sería inválido”, dijo el pasado mes de septiembre.
El proyecto fue discutido esta semana, aprobado nuevamente y enviado a segundo debate. “Seguimos en la lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción”, afirmó Zúñiga.
Ha sido aprobado en primer debate ✅ el proyecto de Ley 27 que busca transparentar gestiones dentro de la administración pública a través de la presentación de la declaración jurada de bienes patrimoniales.
— Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) April 30, 2025
Votos a favor:
✅ José Pérez Barboni
✅ Francisco Brea
✅ Ana Poveda… pic.twitter.com/sImixVj7qz
De acuerdo con el diputado, en la actualidad la declaración jurada de estado patrimonial —una herramienta fundamental para detectar y prevenir posibles enriquecimientos ilícitos que pudieran cometer los servidores públicos— solo se aplica a un “número reducido” de funcionarios. Entre ellos, el presidente y vicepresidente de la República, el presidente de la Asamblea y el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
La propuesta busca extender esa medida a los diputados y sus suplentes, representantes y sus suplentes, concejales, alcaldes, vicealcaldes, secretarios generales municipales y gobernadores.
También incluiría a los directores de la Autoridad Nacional de Aduanas y del Servicio Nacional de Migración; los jefes diplomáticos y consulares; los superintendentes de Bancos, del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros; miembros de juntas directivas que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto; y miembros de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas.
