Los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional expresaron su respaldo al capítulo panameño, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y a la ciudadanía en general en sus esfuerzos por impedir la derogatoria de la Ley 6 de 2002, sobre transparencia en la gestión pública.
Olga De Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, ha alertado sobre los peligros de que se discuta el proyecto de ley 1031 que impulsa el Gobierno Nacional y que busca derogar la Ley de Transparencia. “En ningún momento se compartió el proyecto que se está discutiendo”, ha enfatizado De Obaldía.
A través de un comunicado, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional manifestaron que el proyecto que impulsa el Gobierno “constituye un retroceso para la democracia panameña, particularmente en el delicado contexto político a ocho meses de las elecciones generales del país en mayo de 2024″.
“A pesar de la probada eficacia de la Ley 6, el Gobierno panameño ha decidido sustituirla completamente por otra norma que tiene el pecado original de no haber sido consultada con la ciudadanía”, indica también el comunicado en torno al proyecto impulsado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Adjuntos
Comunicado - Ley 6.pdfLos capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional advierten que si bien la norma propuesta enuncia principios y definiciones que actualizan los estándares de transparencia y acceso a la información, “esos avances se quedan sin base cuando el mismo proyecto desmejora y limita las vías de reclamo y cumplimiento de esos derechos, incluyendo la vía judicial, diluye la responsabilidad de los funcionarios al crear una nueva estructura burocrática, desaparece casi es su totalidad el régimen sancionatorio, aumenta los procesos que serán de acceso restringido, no distingue con certeza la información de pública de aquella bajo protección de datos personales, y abre la puerta al hostigamiento estatal a organizaciones de sociedad civil, entre otros retrocesos”.
A su vez, estos capítulos alertan que el peligro más grande de esta reforma “radica precisamente en su formulación contradictoria, ya que le otorga a la Antai nuevas funciones y poderes, pero excluye los cambios que recomienda la Ley Modelo 2.0 de la OEA para garantizar la independencia e imparcialidad de la entidad que actúe como órgano garante”.
El proyecto de ley 1031 ha generado un rechazo general por parte de la población pues busca derogar la Ley de Transparencia y aprobar, en su lugar, un nuevo modelo que termina obstaculizando y burocratizando las solicitudes de acceso público a la información, especialmente en el manejo de los fondos públicos. En la actualidad, una subcomisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional analiza esta propuesta del Ejecutivo.
