El pasado miércoles el presidente Mulino aseguró que no tiene “círculo cero” y, acto seguido, se deshizo en halagos para uno de sus miembros más conspicuos: el contralor Anel “Bolo” Flores. “Tenemos un buen y eficiente contralor de la República y tiene todo mi apoyo”, dijo el mandatario. No habían pasado ni 24 horas cuando Flores mostró al país cuán envalentonado se siente: interrumpió una diligencia en la Fiscalía Anticorrupción en la que auditores de la Contraloría eran entrevistados sobre peritajes clave en el proceso por presunto enriquecimiento injustificado contra José Gabriel Carrizo.
Una arbitrariedad inaceptable que pone en riesgo la investigación contra el exvicepresidente. La gravedad del hecho no admite matices. Nadie puede irrumpir en una diligencia judicial, por más que ahora se intente maquillar el exceso como una misión para rescatar a auditoras “sudorosas y llorosas”. Las motivaciones de Flores y su pose de salvador son irrelevantes. Lo que está bajo investigación es su intromisión en el Ministerio Público.
No hay que dejarse confundir por las voces que buscan justificar lo ocurrido atacando al procurador. Aquí no se trata de defender la gestión de Luis Carlos Gómez Rudy —que ofrece amplios motivos para el cuestionamiento—, sino de proteger la institucionalidad.
Tanto la pasividad del procurador como los excesos del contralor alimentan la impunidad.
Esto no es calle arriba contra calle abajo, ni la tuna del contralor frente a la del procurador. No fue un topón de carnaval: fue una injerencia indebida en la justicia. Sin consecuencias proporcionales, Panamá puede ir despidiéndose de la ficción de ser un “Estado de derecho”.
Para nadie es un secreto que ambos funcionarios han chocado en varias ocasiones por el mismo trasfondo: la dependencia de las investigaciones penales de las auditorías de la Contraloría. Tampoco lo es a quién ha respaldado públicamente el presidente: a Anel “Bolo” Flores. Mulino rechazó los proyectos anticorrupción impulsados por el procurador y, en cambio, respaldó los “superpoderes” del contralor, pese a los serios cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Con ese manto de protección presidencial, no es de extrañar que Flores desborde repetidamente los límites de su cargo. Salta, sin pudor, del papel de operador político en la Asamblea a hacer un espectáculo con el aúdito de sus planillas. El conflicto de intereses como empresario azucarero —que viaja con el mandatario a Brasil y ahora espera, junto a otros miembros del círculo cero, la ley del etanol— es públicamente permitido e ignorado. La lista de excesos y selectividades crece al ritmo de su afán por exhibir poder.
La determinación con la que irrumpió en la fiscalía se le agotó a la hora de rendir cuentas en la Asamblea. Vamos propuso citar al contralor, pero los diputados oficialistas maniobraron para convertir la fiscalización en una cómoda cortesía de sala. Curiosamente, a ese espacio —hecho a la medida de un monólogo exculpatorio— tampoco llegó.
La Fiscalía Anticorrupción volvió a citar a las tres auditoras “rescatadas” por Flores para completar las entrevistas interrumpidas en el caso contra el exvicepresidente Carrizo. ¿Se atreverá el contralor a interferir nuevamente en el curso del proceso? Y, más importante, ¿mantendrá el procurador la causa penal por la interrupción de una diligencia judicial?
Son interrogantes de fondo que van más allá de la medición de fuerzas entre sus protagonistas: Flores habita a sus anchas en el círculo cero de Mulino; Gómez Rudy, que fue su abogado personal, parece haber sido desplazado a su periferia.
Esto no es un topón de carnaval, sino una crisis institucional. Si no se le ponen límites al contralor, la tonada será clara: su poder no tiene límites, sino protección. Y al final del carnaval no se enterrará la sardina, sino el Estado de derecho.
Por todo ello, la pregunta es inevitable: ¿quién le pone el cascabel a Bolo?
