La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió la licitación de 33.6 millones de dólares para el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Colón, luego de que el Consorcio C&J Food Services Panamá —uno de los dos participantes— presentara un reclamo contra el informe de la comisión evaluadora.
El otro competidor, el Consorcio Panameño de Alimentación Colón, que había obtenido la mayor puntuación y esperaba la adjudicación, deberá ahora aguardar mientras el proceso queda detenido. Pero más allá de la suspensión, los argumentos del reclamo exponen un problema de fondo que podría traducirse en pérdidas millonarias para el Estado panameño.
El principal argumento del reclamo señala que la propuesta que encabeza la puntuación —presentada por el Consorcio Panameño de Alimentación Colón— incumple un requisito esencial del Pliego de Cargos: el peso mínimo cocido de las porciones de carne que deben recibir los privados de libertad y el personal de custodia.
El pliego establece que las raciones de pollo, pescado, res o cerdo para almuerzo y cena deben contener tres onzas de carne magra cocida, una especificación diseñada para garantizar el aporte proteico diario por el que el Estado paga.
Sin embargo, C&J Food Services sostiene que el proponente mejor puntuado calculó sus porciones con base en 90 gramos de carne cruda, sin considerar la merma natural que ocurre durante la cocción.
En términos técnicos, explican, el rendimiento de la carne cruda a cocida es siempre inferior al 100%, por lo que se requiere un gramaje mayor para cumplir con las tres onzas establecidas en el contrato.
Al no ajustar el peso crudo al rendimiento real, la propuesta del Consorcio Panameño de Alimentación Colón —según el reclamo— no alcanzaría la porción mínima exigida una vez servida en los platos. Esto implicaría que el Estado pagaría por una cantidad de proteína superior a la que realmente se entregaría en los centros penitenciarios.
Para C&J Food Services, este punto no es un detalle accesorio, sino un incumplimiento sustancial que “desnaturaliza el alcance del servicio contratado” y afecta directamente la calidad nutricional que debe recibir la población penitenciaria.
Las consecuencias
El reclamo enfatiza además la responsabilidad de la comisión evaluadora —y en particular de la comisionada nutricionista del Ministerio de Gobierno— de verificar el cumplimiento estricto de este parámetro técnico.
El consorcio sostiene que la omisión de esta verificación coloca al Estado en desventaja y abre la puerta a lo que consideran una “lesión patrimonial”, pues se pagaría por tres onzas de carne, pero se recibiría menos.
La situación, afirman, vulnera los principios de legalidad, igualdad de condiciones y buen uso de fondos públicos establecidos en la Ley 22 de 2006.
Uno de los cálculos más llamativos del reclamo es la estimación del impacto económico. Según C&J Food Services Panamá, la diferencia entre lo contratado y lo realmente entregado representaría un perjuicio de cientos de toneladas de carne a lo largo de los 2,191 días de prestación del servicio. Esta cifra, de confirmarse, implicaría un volumen considerable de proteína que el Estado pagaría sin recibir.
El consorcio concluye que la propuesta del Consorcio Panameño de Alimentación Colón no cumple con el numeral 11 de los requisitos del Pliego de Cargos ni con la Resolución 579 de 2019, modificada por la 1289 de 2020 del Ministerio de Salud, que regula los estándares mínimos de las raciones.
Esta última resolución del Minsa señala que, por ejemplo, para que una pechuga de pollo rinda 30 gramos cocidos, debe pesar al menos 41.1 gramos en crudo. Es decir, que en el caso de una porción de 90 gramos —o tres onzas cocidas— se requerirían aproximadamente 123 gramos de carne cruda. Esto implica un faltante de 33 gramos por porción en el caso del pollo.
Lo mismo ocurre con las porciones de carne de res: para obtener 90 gramos cocidos, el Minsa establece que deben pesarse al menos 126 gramos en crudo. Esto significa que faltarían 36 gramos por porción si se toma en cuenta que el consorcio mejor puntuado propone únicamente 90 gramos crudos para todas las carnes.
En el reclamo se advierte que aceptar una oferta que no garantice las tres onzas cocidas de carne significaría comprometer recursos públicos y afectar la calidad del servicio penitenciario. El expediente queda ahora en revisión por la DGCP, que deberá determinar si hubo errores en la evaluación y si corresponde retrotraer el proceso.
¿Más millones en riesgo?
Resulta que el mismo grupo empresarial —Consorcio Alimentando Panamá, S.A.— obtuvo la licitación para el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Panamá, por 209.6 millones de dólares.
En esa adjudicación, el consorcio aplicó el mismo criterio cuestionado en Colón: calculó las porciones sobre la base de 90 gramos de carne cruda, sin tomar en cuenta la merma natural del proceso de cocción.
El pliego era claro: las raciones debían contener 90 gramos —o tres onzas— de carne magra cocida. Sin embargo, la propuesta presentada —y aceptada— no garantiza ese peso real en el plato.
Con la licitación ya adjudicada, el riesgo es mayor. Si no se corrige la diferencia entre peso crudo y cocido, el Estado podría terminar pagando millones de dólares por toneladas de alimentos que nunca llegarán a las bandejas de las personas privadas de libertad.
El consorcio presentó una propuesta por 209.6 millones de dólares, exactamente el precio de referencia fijado por el Ministerio de Gobierno. Este monto incorpora un incremento en la ración diaria, que pasa de 4.60 a 5.50 dólares, en comparación con el contrato aún vigente.
La licitación tampoco estuvo exenta de cuestionamientos, ya que potenciales competidores alertaron sobre especificaciones que, a su juicio, otorgaban ventajas al Consorcio Alimentando Panamá. En total, 15 empresas participaron en el proceso de homologación, pero solo se presentó una propuesta final.
