Rector interino de la Unachi solicita auditoría forense a la Contraloría

La solicitud se hace en medio de investigaciones por nepotismo, títulos académicos bajo escrutinio y un déficit presupuestario millonario.

Rector interino de la Unachi solicita auditoría forense a la Contraloría
Pedro González, nuevo rector interino de la Unachi. Cortesía

El rector encargado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González, solicitó formalmente este viernes 12 de junio al contralor general de la República, Anel Flores, la realización de una auditoría forense sobre el manejo de los recursos financieros de la casa de estudios superiores.

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La petición abarca el período comprendido entre agosto de 2024, fecha en la que se efectuó la última auditoría, y junio de 2026. La solicitud se hace en medio de investigaciones por nepotismo, títulos académicos bajo escrutinio y un déficit presupuestario millonario.

Durante un pronunciamiento público, González explicó que la medida busca garantizar la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos utilizados por la universidad. Según indicó, la revisión permitiría examinar los recursos financieros que han sido fiscalizados y refrendados por la Contraloría General de la República durante ese período.

Las denuncias

El rector encargado justificó la solicitud en las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades financieras que han rodeado a la institución en los últimos años. A su juicio, esos señalamientos han generado inquietud tanto dentro de la comunidad universitaria como entre la ciudadanía, por lo que considera necesario despejar cualquier duda mediante una revisión independiente.

La solicitud de una auditoría forense surge en un contexto especialmente delicado para la Unachi. La institución enfrenta una crisis financiera y una serie de investigaciones que han puesto bajo escrutinio su gestión administrativa. Desde finales de 2024, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investiga presuntos casos de nepotismo que inicialmente involucraban a 55 funcionarios y que posteriormente se ampliaron a 86.

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Procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, realiza diligencia en el Registro Público por caso Unachi. Cortesía

A ello se suman las pesquisas del Ministerio Público sobre el uso de títulos obtenidos en universidades extranjeras para ascensos y beneficios salariales, un proceso que involucra a cerca de 110 docentes.

Las auditorías también han puesto la lupa sobre el crecimiento de la planilla y el manejo presupuestario de la universidad, luego de que autoridades universitarias reconocieran ante la Asamblea Nacional que, pese a disponer de un presupuesto cercano a los 72 millones de dólares, la ejecución de gastos alcanzó los 91 millones. Además, la institución mantiene deudas relacionadas con obligaciones laborales y aportes a la seguridad social.

Recuperar la confianza

González planteó que la auditoría sea realizada por la Dirección General de Auditoría de la Contraloría, con personal proveniente de la ciudad de Panamá. Según explicó, el objetivo es esclarecer las denuncias, verificar la veracidad de las acusaciones, identificar posibles debilidades en los controles administrativos y establecer medidas correctivas que permitan prevenir futuras irregularidades.

“La restauración de la confianza pública es importante. Queremos demostrar nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó González.

El rector encargado expresó su confianza en que la Contraloría acoja la solicitud, al considerar que una auditoría forense contribuiría a fortalecer la credibilidad institucional y preservar el prestigio de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

El 26 de mayo pasado, la Contraloría anunció el inicio de una auditoría forense en la Unachi, en medio de denuncias por presuntas irregularidades relacionadas con descuentos salariales aplicados a trabajadores de la institución.

Rector interino de la Unachi solicita auditoría forense a la Contraloría
Anel Flores, contralor de la República. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la entidad fiscalizadora, la investigación busca determinar el destino de fondos descontados a docentes y funcionarios que, presuntamente, no fueron transferidos de manera oportuna a las entidades correspondientes, una situación que podría haber afectado derechos vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de los colaboradores universitarios.


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